Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos se unen en el Congreso contra la mina de uranio

Los socialistas denuncian "opacidad" de la Junta de Castilla y León y el CSN y Equo apunta a un posible "tráfico de influencias"

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Stop Uranio se ha reunido este jueves, 15 de diciembre, con Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos en el Congreso para pedir apoyo en la Cámara Baja y evitar la construcción de una mina de uranio en la localidad salmantina de Retortillo. Según señala la asociación, los trabajos comenzarán en el mes de marzo del próximo año, a no ser que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no dé su autorización definitiva al proyecto.

Según ha explicado el secretario de la plataforma, José Ramón Barrueco, esta mina afectará a toda la comarca, conocida como del Campo Charro, que engloba a tres municipios con sus 3.000 habitantes. En su mayoría, ha apuntado Barrueco, "se han posicionado en contra" del proyecto "con movilizaciones y con la recogida de más de 100.000 firmas" que se han presentado ante las autoridades estatales y autonómicas.

Una de las principales quejas de Stop Uranio, es el daño ecológico y en la salud de las personas que vivirán cerca de la mina. En el primer caso, corren riesgo los márgenes del río Yeltes, atravesados en el proyecto por una cinta transportadora de mineral, a pesar de estar protegidas por la Red Natura 2000 y consideras Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para aves.

También podría afectar a la calidad del río Duero, que pasa por sus inmediaciones. Esta cuestión ha sido denunciada, también, por asociaciones ecologistas portuguesas, ya que la frontera del país luso se encuentra a apenas 30 kilómetros de Retortillo.

"25.000 encinas milenarias serán arrancadas como consecuencia de la explotación minera; la agricultura y ganadería, base de la economía de la provincia salmantina, se verán perjudicadas; y el incipiente turismo rural instalado en la comarca difícilmente soportarán la actividad tan destructiva para el medio ambiente", denuncia la plataforma en su manifiesto.

SOSPECHAS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El diputado de Equo Juan José López de Uralde ha calificado la construcción de la mina como "un proyecto escandaloso en muchos aspectos", pues además de las consecuencias medioambientales, sociales y económicas antes mencionadas, está el "componente de capitalismo de amiguetes que hay detrás".

Uralde se ha referido así a las sospechas de tráfico de influencias que arrastra esta iniciativa, que fue autorizada por el Comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, tras la contratación de Manuel Lamela (quien fue subsecretario en Agricultura con Loyola de Palacio y el citado Cañete en el Gobierno de José María Aznar) como lobista por parte de la empresa Berkeley, responsable del proyecto.

"Todo el proyecto en sí mismo va al margen de la legalidad, se van haciendo las cosas con una política de hechos consumados: los permisos van llegando después de que las obras se estén haciendo", ha denunciado.

Al respecto, Uralde ha registrado en la Cámara Baja una pregunta para el Gobierno en la que pide explicaciones sobre la construcción de esta mina y cuestiona si se va a dar el permiso final para ponerla en marcha cuando aún no se ha resuelto la denuncia que Equo y Ecologistas en Acción, han interpuesto ante la Audiencia Nacional sobre el caso.

OPACIDAD DE LA JUNTA Y DEL CSN

También el diputado del PSOE por Salamanca, David Serrada, ha denunciado opacidad desde la Junta de Castilla y León y también del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la hora de mostrar los informes y expedientes relativos a las decisiones, tanto políticas como medioambientales que se han tomado en torno a la mina de uranio de Retortillo.

Serrada ha apuntado "lo más importante es que las reclamaciones que se hacen en este caso llegan desde la gente de la comarca afectada" y ha asegurado que desde el PSOE se harán todas las gestiones posibles para lograr que el Ministerio no dé el sí definitivo a la construcción. Aún así, ha reconocido que "quien tiene la capacidad legal es la Junta".