MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
El año 2022 ha estado marcado, en materia educativa, por el desarrollo de la LOMLOE (conocida como Ley Celaá), la aprobación de la Ley de Formación Profesional, los decretos del 25% del castellano en Cataluña, las negociaciones para aprobar la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) o las diferencias entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal para sacar adelante el Estatuto del Becario.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha sido la encargada de abordar el desarrollo de la LOMLOE, continuando así con la labor iniciada por la exministra Isabel Celaá, cesada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en verano de 2021.
El desarrollo de la LOMLOE, la Ley educativa conocida como 'Ley Celaá', ha estado marcado por el retraso en la aprobación de los currículos tanto por parte del Estado como por las comunidades autónomas. Además, la ley ha entrado en vigor este año en los cursos impares.
El primer real decreto de ordenación y enseñanzas mínimas aprobado por el Gobierno fue el de Educación Infantil el 1 de febrero, que regulaba por primera vez las enseñanzas mínimas del primer ciclo de Infantil (0-3 años). Justo un mes después el Consejo de Ministros aprobaba el real decreto de Educación Primaria, que establece que el currículo sea más competencial, incluye la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos, aumenta las horas en asignaturas de ciencias en detrimento de la Religión y establece la perspectiva de género en cada una de las materias.
Posteriormente, a finales del mes de marzo, aprobó el currículo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con el que la promoción de los alumnos no viene determinada por el número de suspensos, ya que la decisión quedará en manos del equipo docente que decidirá en función de si el alumno tiene "expectativas favorables de recuperación". En todo caso, promocionarán quienes hayan aprobado todo o suspendan una o dos materias.
El último currículo aprobado por el Ejecutivo fue, a principios del mes de abril, el de Bachillerato, que establece, entre otras cosas, que el estudio de Historia de España de 2 se centre en la etapa contemporánea, desde 1812, o que los alumnos puedan obtener el título cuando aprueben todas las asignaturas del ciclo o con una pendiente si así lo decide el equipo docente, en caso de que considere que ha alcanzado los objetivos y competencias; que no se haya ausentado de manera continuada y no justificada a clase; que se haya presentado a todos los exámenes; y que la media de las notas obtenidas en todas las materias sea igual o superior a cinco.
INCIDENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO
Días antes del comienzo del curso escolar, editores de libros de texto reconocían que el retraso en la aprobación de los currículos educativos del Gobierno y las comunidades autónomas en el marco del desarrollo de la LOMLOE provocó "puntualmente algunas incidencias".
Ese retraso, según informó a Europa Press la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE), complicó "la logística" en la producción de los nuevos libros de texto. No obstante, ANELE realizó el proceso de adaptación de los libros y materiales a la LOMLOE "en un tiempo récord" que requirió "inversiones millonarias" por parte de las empresas.
Con motivo del desarrollo de la LOMLOE, este curso también ha entrado en vigor la figura del Coordinador de Bienestar y Protección a la Adolescencia. Al respecto, CCOO criticó a principios de septiembre que once comunidades autónomas asignan sus tareas a un docente "sin establecer ninguna reducción de horario lectivo para realizarla, mientras que el resto libera una pequeña cantidad de horas, entre una y tres en la mayoría de los casos".
ELIMINACIÓN DEL 25% DE CLASES EN CASTELLANO EN CATALUÑA
Una de las polémicas que ha marcado el 2022 en materia educativa ha sido la aprobación por parte de la Generalitat de Cataluña de los reales decretos que suprimen la obligación de impartir un 25% de horas lectivas en castellano. A principios del mes de junio, los partidos que conforman el Gobierno- PSOE y Unidas Podemos- y sus socios en el Congreso rechazaron una iniciativa del PP en la Cámara Baja que instaba al Ejecutivo a recurrir dicho decreto.
A finales del mes de julio, el Gobierno y el Govern catalán acordaron garantizar la autonomía de los centros educativos catalanes con el apoyo del Ejecutivo a la norma de la Generalitat que suprime el 25% del uso de la lengua en castellano.
Posteriormente, a mediados de septiembre, el Tribunal Constitucional admitía a trámite los recursos presentados por PP y Ciudadanos contra la ley catalana que elimina este porcentaje del castellano en las aulas. Días después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) mantenía el 25% de castellano en dos escuelas pese a la nueva normativa del Govern.
El último episodio de esta polémica ha llegado casi al finalizar el año, cuando el 27 de diciembre el TSJC instaba a un centro educativo de Barcelona a impartir una o varias asignaturas principales en castellano, además de la propia de lengua castellana, sin establecer porcentajes concretos. La sentencia, recogida por Europa Press, es la primera que establece la obligación de impartir clases en castellano después de la entrada en vigor de la nueva normativa del Govern sobre lenguas en la enseñanza.
RETRASO DE LA NUEVA EBAU Y APROBACIÓN DE LA LOSU Y LA LEY DE FP
Otra de las controversias que han tenido lugar este año ha sido la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), que finalmente se aplazó un año, por lo que previsiblemente quedará completamente instaurada en junio de 2028 en vez de en 2027, para, según aseguraba el Ministerio de Educación, "alcanzar el mayor consenso posible".
El aplazamiento de la nueva EBAU llegó después de las criticas recibidas por parte de varias instituciones al documento inicial propuesto por Educación. En concreto, la RAE, entre otros, advirtió de las "insuficiencias" que contenía la propuesta del Ministerio y compartió el "malestar" de un grupo de coordinadores de las pruebas de acceso a la Universidad de varias comunidades autónomas.
Al finalizar el año, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) con 176 votos a favor, justo el número de apoyos mínimos necesario para sacar adelante una norma orgánica. Entre las modificaciones que se han incorporado al texto, que pasará ahora a su tramitación en el Senado, durante su tramitación en el Congreso, destaca que la ley impedirá a los colegios mayores adscritos a la universidad pública segregar por sexo, tras admitirse una enmienda presentada por Más País-Equo.
En el primer trimestre de 2022, el Senado aprobó de manera definitiva la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, con el único voto en contra del PP. La nueva ley, que consolida la FP dual, establece una oferta modular de Formación Profesional ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes (A ,B ,C ,D y E).
Una de las nuevas normas que también ha estado cargada de polémica este año ha sido la aprobación del Estatuto del Becario, todavía pendiente de acuerdo definitivo, debido a la falta de entendimiento entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los sindicatos y la patronal.
Sindicatos y el Ministerio alcanzaron un acuerdo a mediados de octubre que no fue apoyado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Tanto UGT como CCOO rechazaron modificar el acuerdo alcanzado con Trabajo para buscar el consenso con la patronal, que quiere que "se aclare perfectamente qué es un becario".