Abogados Cristianos anima a los españoles a que soliciten a sus ayuntamientos que cuelguen la bandera de la familia

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha hecho un llamamiento a todos los españoles a que soliciten a las administraciones que cuelguen en los edificios públicos de sus ciudades la bandera de la familia, a raíz de la reciente decisión del Tribunal Supremo de avalar la colocación de la bandera LGTBI en edificios públicos.

"En base a esta opinión del Tribunal Supremo, que permite una bandera que va en contra de la familia en edificios públicos, solicitamos a todos los ciudadanos que insten a sus administraciones públicas para que desde el 30 de diciembre, Día de la Sagrada Familia, en edificios públicos y en espacios públicos, pongan la bandera de la familia natural o de la familia tradicional", ha explicado la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, este lunes, en declaraciones a Europa Press.

Además, Abogados Cristianos ha interpuesto un incidente de nulidad de actuaciones y una querella por prevaricación, porque consideran que "esta sentencia es ilegal" ya que "no se justifica el cambio de doctrina".

Según ha precisado Castellanos, "en 2020 el mismo Tribunal Supremo dijo que solo podían ondear de edificios públicos y de espacios públicos banderas oficiales" y "en ningún caso banderas no oficiales, incluso aunque concurriesen con las oficiales".

"Por lo tanto el Tribunal Supremo de repente cambia de doctrina y no justifica en absoluto este cambio de doctrina, lo cual vulnera evidentemente la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. Esta falta de motivación, esta falta de justificación de criterio, aboca a una nulidad de actuaciones y evidentemente a una querella por prevaricación, porque no están haciendo lo que ellos además expresamente dicen que hay que hacer", ha añadido.

Asimismo, Abogados Cristianos ha advertido de que esta sentencia del Tribunal Supremo abre un camino "muy peligroso" en el que "cada uno puede poner la bandera que quiera".

"En el momento que se permite una bandera no oficial, perteneciente a un lobby, que no comparten todos los partidos políticos y que no compartimos todos los ciudadanos, se pueden poner otras banderas no oficiales", ha precisado Castellanos.

Por ello, en base a esta "apertura indiscriminada", hacen un llamamiento a todos los ciudadanos para que soliciten a las administraciones que la bandera de la familia ondee en los edificios públicos a partir del 30 de diciembre. Para ello, publicarán en su página web un formulario tipo para explicar a los ciudadanos cómo solicitarlo.

Según ha indicado Castellanos, en caso de que alguna administración pública se oponga, "por ejemplo la Diputación de Valladolid o el Ayuntamiento de Zaragoza del PP, que son los que iniciaron todo esto" se podría "alegar discriminación". "En el momento en que una administración pública que ha colocado banderas no oficiales se oponga a otras banderas no oficiales, pues podría estar discriminando a los ciudadanos y podría ser un delito", ha advertido.