Asociaciones de mujeres aplauden con reservas la propuesta

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de mujeres han aplaudido la propuesta del grupo de expertos en violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de modificar el Código Penal, entre otras normas para reformar la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aunque con excepciones.

En concreto, la presidenta de Mujeres Juristas Themis, Ángela Cerrillos, ha celebrado la propuesta de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para que no se aplique la dispensa de no declarar a la que pueden acogerse los parientes del procesado, incluso si han sido víctimas del mismo.

Sin embargo, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, en referencia a la sugerencia de introducir la suspensión del régimen de visitas, de la guardia y custodia y de la patria potestad como penas concretas para que el juez pueda adoptarlas acordando una o varias, en función de lo motivadas que estén, que se trata de un caso de protección de los derechos del menor, y por tanto, lo que prima es su defensa.

Por su parte, la presidenta de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, se ha unido a Cerrillos en estas declaraciones, valorando que se analice el funcionamiento de la Ley cuando se cumplen cinco años de aplicación de la norma. Igualmente, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha manifestado la "necesidad" de algunas reformas.

Sin embargo, ha rechazado la propuesta de eliminar el artículo 57.2, por el que se impone automáticamente la orden de alejamiento en todas las condenas por violencia doméstica y de género, ya que, según Besteiro, "salva vidas". En ese sentido, ha resaltado "la importancia" de proteger a la mujer y "ofrecer garantías" al hacerlo.

Finalmente, se ha sumado a la crítica realizada por el CGPJ sobre las pulseras de localización para maltratadores, por considerarlas "insuficientes". Además, ha apuntado que se están utilizando "muy pocas", porque de las 3.000 puestas a disposición de los jueces, no ha llegado a funcionar ni el 25 por ciento.