Casi la mitad de los ciudadanos no entiende el lenguaje de la Administración, según una encuesta del Defensor del Pueblo

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casi la mitad de los ciudadanos (43,10%) asegura que no entiende el lenguaje de la Administración, según los resultados de la encuesta sobre transparencia de las administraciones públicas que ha publicado el Defensor del Pueblo, que dirige Soledad Becerril.

La institución ha preguntado a 423 personas por la dificultad para acceder a la información pública, la vía utilizada para contactar, así como la claridad de la respuesta recibida y el tiempo transcurrido hasta obtener la información solicitada.

Precisamente, a diferencia de los escritos de la Administración, los del Defensor de Pueblo han recibido mejor valoración, ya que el 75,8 por ciento los considera fáciles de entender, el 79 por ciento destaca que ha recibido respuesta a su consulta y el 58,6 por ciento considera que dicha información ha resultado suficiente.

Por el contrario, el 26,6 por ciento manifiesta que la Administración tardó meses en responder y el 44,2 por ciento que utilizó internet para dirigirse a la Administración.

El 75,1 por ciento de los encuestados indica saber cómo obtener información pública y el 79,3 por ciento dice conocer la existencia de la Ley de Transparencia.

Además, la encuesta refleja que los ciudadanos se dirigen indistintamente a las administraciones municipal (29,4%), autonómica (31%) y del Estado (28,2%). Los asuntos que más interesan son los relacionados con educación, sanidad, empleo, seguridad social e impuestos.

Ante estos datos, el Defensor del Pueblo ha recomendado a 80 administraciones públicas que respondan con mayor prontitud a las peticiones de información y consultas de los ciudadanos, y que utilicen un lenguaje comprensible en sus escritos.

Con estas recomendaciones, dirigidas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a las comunidades autónomas, a los diez ayuntamientos con mayor población, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y a las diputaciones provinciales, el Defensor del Pueblo pretende mejorar el funcionamiento, transparencia y claridad de las administraciones en su relación con los ciudadanos.