Casi treinta organizaciones de amistad con Israel instan al Gobierno español a combatir el antisemitismo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Casi una treintena de organizaciones han instado al Gobierno a dar un "nuevo impulso" a los acuerdos aprobados por la Unión Europea y firmados por España para combatir el antisemitismo, así como a la propia declaración del International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), que han dicho que, actualmente, se encuentra en una "inexplicable situación de parálisis".

Estas organizaciones, entre las que están Plataforma contra el Antisemitismo; Foro Hispano Israelí para la Cooperación Asociación de Amistad Hispano-Israelí; Coordinadora Iberoamericana contra el Racismo y el Antisemitismo y Madrid contra el Antisemitismo; piden la desautorización de las acciones de los cargos políticos que, en ejercicio de sus responsabilidades oficiales, incurren en "conductas antisemitas".

"Entendemos que se hace necesaria la intervención de oficio de la Fiscalía General del Estado, y de su delegación para los delitos de odio, dado el crecimiento exponencial delictivo antisemita que constata cada día el Observatorio contra el Antisemitismo", aseguran en una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a los grupos parlamentarios.

En el documento critican la respuesta de "conocidos representantes políticos españoles" y "altos cargos gubernamentales", que dicen que han participado junto a organizaciones antisemitas que difunden eslóganes "aniquilacionistas" como 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá', que "carecen de sentido" en el mundo occidental.

Igualmente, hacen alusión a expresiones "antijurídicas" como 'Israel genocida' o 'Israel terrorista' y dicen que estas y las convocatorias apoyadas por "organizaciones prohibidas" como Samidou en Alemania o en otros países son "inaceptables".

Respecto a la IHRA, recuerdan que compromete a la sociedad a "luchar contra el antisemitismo" e indican que este mismo compromiso se ha hecho explícito en el Plan de Implementación de la Estrategia Europea contra el Antisemitismo, contra la negación del Holocausto y por la protección de la forma de vida judía.

"El clima de intolerancia hacia los judíos y sus afines se expande por el mundo, incluyendo a España, y es alentado transversalmente por distintos grupos tanto ultra izquierdistas como neofascistas y ultra islamistas, por citar solo algunos de ellos. Esta circunstancia se proyecta especialmente en manifestaciones públicas, en las que gritos de descalificación y deslegitimación de Israel se acompañan de otros como 'muerte de los judíos'", han señalado en su carta.

También añaden que los 'vivas a las brigadas' de diversos "grupos criminales" relacionados con la "masacre terrorista antisemita y misógina del 7 de octubre de 2023", y más recientemente, los "belicistas 'vivas a Irán'" por su reciente agresión a Israel, "alimentan esta sinrazón y el fanatismo". En este sentido, recuerdan que expresar y difundir estas proclamas y mensajes "no es solo moralmente obsceno, sino que constituye un delito".

Como resultado, las organizaciones dicen que este "clima creciente de intolerancia antisemita" es la generación de delitos de odio que van desde las injurias y amenazas hasta las agresiones a personas, a sinagogas y a empresas, e incluso a posibles atentados terroristas. "La incitación constante al odio, la discriminación, la hostilidad y la violencia conducen a la banalización del Holocausto y el Genocidio, mientras se aplauden atentados y se enaltece el terrorismo", apuntan.

DENUNCIAN EL USO DE AULAS PARA LA DIFUSIÓN DEL ANTISEMITISMO

Asimismo, denuncian que diversas autoridades universitarias facilitan el uso de aulas "para la difusión del antisemitismo y el falseamiento de los dramáticos hechos del Holocausto, bajo el paraguas interesado del conflicto entre Israel y la organización terrorista de Hamás".

Además, exponen que resulta "inaceptable" el "silencio" de la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas (CRUE), así como de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades "sobre la utilización de instituciones públicas españolas para fines que, por su propia naturaleza, no le son propios".

Finalmente, recuerda a los medios de comunicación "la necesidad de emitir informaciones veraces y contrastadas, de cumplir con los estándares de rigor periodístico y de verificar los hechos sobre los que tratan en sus noticias".