MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha pedido interlocución al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para diseñar un plan estratégico para la aplicación de la Ley de Restauración de la Naturaleza en España, adoptada por los Estados miembro de la Unión Europea (UE) este lunes 17 de junio.
Por su parte, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha señalado que "ahora hay que estar muy vigilantes a la aplicación que harán los otros miembros" de la UE. "Si cada Estado miembro tiene un plan diferente, esto producirá una situación difícil porque habrá Estados más ganadistas y Estados más ambientalistas", ha apuntado en declaraciones a Europa Press el director de la oficina de ASAJA Bruselas, José María Castilla.
Los Veintisiete han adoptado la ley --que busca recuperar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas para 2030-- con el voto a favor de 20 Estados miembro, la abstención de Bélgica y el rechazo de Finlandia, Italia, Hungría, Países Bajos, Polonia y Suecia. Ante esta decisión, fuentes de COAG han manifestado en declaraciones a Europa Press que esperan tener "interlocución y poder poner las cartas sobre la mesa sobre lo que va a pasar con esta actividad agrícola y ganadera" en las zonas a las que afecta esta norma, como Doñana o el Mar Menor.
En este sentido, han recordado que "España tiene un 39% de superficie en áreas sensibles a protegidas". "Hablamos de áreas rurales con un desarrollo, con agricultores que viven de su actividad y bueno, la aplicación de esta ley puede llevarse por delante toda su actividad", destacan.
A su vez, se han preguntado cómo se va a financiar la norma, ya que a su juicio "todo apunta a que van a tirar una vez más de fondo de la Política Agraria Común". Por último, la organización también ha mostrado sus reservas con respecto a cómo van a garantizarse las cláusulas espejo. "Es prácticamente una utopía pensar que la UE puede imponer en terceros países que se incluyan estas exigencias medioambientales en la legislación vigente de estos países", afirma.
Tras la votación, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha celebrado la adopción de la ley y ha recordado que "sin restaurar la naturaleza no hay futuro para la agricultura".
En lo que respecta a esto, el director de la oficina de ASAJA Bruselas ha afirmado que la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza hace que hoy sea "un día triste" y "grave para el sector agropecuario". "Tenemos el sentimiento de traición, de puñaladas por parte de Europa y en este caso de los Estados miembros, porque claramente han esperado a que pasasen las elecciones europeas para volver a las andadas", ha criticado.
A su vez, ha manifestado su esperanza "nula" de que MITECO establezca una interlocución con el sector para el desarrollo de un plan estratégico que marque la aplicación de la norma en España y ha dudado que les vayan a citar "para debatir de tú a tú, para proponer ideas, para proponer la aplicación correcta".
De cara al futuro, José María Castilla insta a estar "muy vigilantes a la aplicación que harán los otros miembros". Por esta parte, cuestiona cómo se va a vigilar el mercado interior, qué va a pasar con las cláusulas espejo y de dónde va a salir el dinero para poner en marcha la norma.
De esta manera, ha explicado que "si Portugal, por ejemplo, hace un plan de estrategia más ganadista, ellos tendrán unos precios de producción más inferiores y podrán ingresar en otros mercados". Además, ha advertido que "no hay ninguna sola obligación por terceros países a respetar las mismas exigencias" que se les va a pedir a los agricultores dentro de la UE.
Por último, ha indicado que esta ley "nace sin un presupuesto" y ha recordado que "aunque se rectificó en el Parlamento Europeo, hubo una enmienda que decía que este (dinero) debía salir de la propia PAC". A su juicio, sería "tremendamente injusto que fueran los ganaderos los que tuviesen que pagar esta transición". En líneas generales, ha opinado que la norma tiene "muchas incertidumbres que no han sido resueltas y que van a superar un dolor de cabeza tanto los Estados miembros a la hora de aplicar como, por supuesto, el sector agropecuario".