Comunidad de Madrid y ayuntamientos alcanzan un Pacto por la Cañada Real que desmantelará el sector más conflictivo

El Pacto recoge un plan de choque con medidas inmediatas para dignificar las condiciones de vida de los vecinos de la zona

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid han alcanzado un Pacto Regional por la Cañada Real Galiana que desmantelará el sector 6 y consolidará las viviendas que se encuentran en Coslada (sector 1).

La presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, ha presentado en Consejo de Gobierno este Pacto, que ahora será enviado a la Asamblea de Madrid, para su debate y aprobación, y que "supone el principio del fin de la Cañada Real Galiana en los términos en los que se ha desarrollado en los próximos años", en palabras de la dirigente autonómica.

Con este acuerdo, ha relatado Cifuentes, se actuará en una zona "muy deteriorada" en la que viven cerca de 7.300 personas "en condiciones de vida completamente incompatibles con la sociedad del siglo XXI".
El texto, además de a la Asamblea, será remitido a los ayuntamientos para su aprobación como paso previo a su firma definitiva.

Será de obligado cumplimiento para las distintas administraciones públicas implicadas, con independencia de los cambios políticos que pudieran producirse durante todo el periodo que abarquen las actuaciones que se van a poner en marcha en la Cañada.

Según ha relatado Cifuentes, este Pacto tiene dos objetivos. Por un lado, garantizar el derecho a la vivienda a todos habitantes de la Cañada que cumplan las condiciones establecidas y que estuvieran censadas antes de diciembre de 2011.

Para ello, se pondrá en marcha una estrategia de realojo y medidas urgentes para solucionar los problemas más inmediatos. El segundo pasa por "restaurar el medio natural regularizando situación patrimonial y urbanística de inmuebles y parcelas que forman parte de la Cañada".

El Pacto da una solución definitiva para los sectores 1 y 6 de la Cañada, que representan más del 60 por ciento del terreno del asentamiento. En el caso del sector 1 (Coslada), se consolidan la mayoría de las viviendas existentes. En el caso de las impactadas por afecciones urbanísticas, se ofrecerán alternativas de realojo.

El sector 6 (Madrid), en el que se encuentra el área más conflictiva, se desmantelará dadas las afecciones urbanísticas que afectan a este tramo, la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad y los problemas derivados del tráfico y consumo de drogas. Los términos en los que se desarrollará el proceso de desmantelamiento se concretarán a través de un convenio con el Ayuntamiento de Madrid.

A este respecto, la presidenta autonómica ha detallado que quiere que estas actuaciones estén finalizadas antes de que termine la legislatura. Para los sectores del 2 al 5, que pertenecen a los municipios de Madrid y Rivas Vaciamadrid, se van a constituir tres ponencias técnicas (urbanística/medioambiental, jurídica y económica) para estudiar la solución más adecuada.

SE HARÁ UN CENSO ACTUALIZADO DE LA CAÑADA

El Pacto también recoge un conjunto de medidas en materia social, sanitaria, educativa y laboral destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la Cañada e impulsar su integración. Así, en materia social, se aprueba un censo actualizado de la Cañada Real y la creación de uno específico de población en edad escolar.

También se establecen espacios para desarrollar actividades socioculturales, deportivas, de carácter administrativo o de seguridad. Además, la Comunidad se compromete a desplegar un equipo de trabajadores sociales, se tomarán medidas para evitar la duplicidad de servicios sociales y se facilitará el acceso a la Renta Mínima de Inserción (RMI).

En materia sanitaria, se impulsarán campañas informativas sobre el sistema sanitario madrileño y para la obtención de la tarjeta sanitaria; se pondrán en marcha campañas de vacunación, actuaciones de prevención y promoción de la salud y campañas de panificación familiar; y se aprobará un protocolo de actuación entre los Servicios Sociales y el SUMMA para casos de emergencia social o sanitaria.

Además, se construirán las infraestructuras necesarias para la mejora de las condiciones de vida de los toxicómanos (salas de venopunción con acompañamiento terapéutico y albergue social).

En el ámbito educativo, se mejorarán las rutas escolares, se promocionará el acceso a las becas y las ayudas de comedor, libros de texto, material escolar y transporte; se impulsarán campamentos de verano y actividades de carácter lúdico y deportivo fuera del horario lectivo; se favorecerá el acceso a las nuevas tecnologías; se pondrán en marcha programas de mediación entre las familias y los colegios; y se promoverán programas permanentes de educación de adultos.

Por último, en materia laboral, se va a crear una bolsa de empresas dispuestas a ofrecer empleo a los vecinos de la Cañada, se organizarán cursos de fomento para el autoempleo y la creación de empresas y se creará una oficina de empleo en Rivas Vaciamadrid.

PLAN DE CHOQUE

El Pacto también recoge un plan de choque con medidas inmediatas para dignificar las condiciones de vida de los vecinos de la zona. Su carácter es inmediato una vez se aprueben los presupuestos regionales de 2017, ya que cuenta con un presupuesto de 1,5 millones.

Este plan incluye la adecuación de viales, lo que facilitará el acceso del servicio de correos y de rutas escolares; la adecuación y regularización de las redes de suministro de luz y agua; la limpieza de escombros; la implantación de líneas de la EMT (la primera comenzó ya a funcionar el 1 de febrero); y la formalización de un convenio con la Fundación 'la Caixa' para temas sociales.

Además, se va a mejorar la coordinación con la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad; se garantizará la aplicación del Plan de acción integral contra la violencia de género en la zona; y se implantarán proyectos de inserción para víctimas de explotación sexual.

También se procederá a la ejecución de campañas de desinfección, desratización y desinsectación; un plan para la reubicación de animales que puedan causar insalubridad; un servicio de retirada de coches abandonados; y medidas para impulsar la reducción de la ratio de alumnos en educación infantil en los centros educativos próximos a la Cañada.

CREACIÓN DE TRES ÓRGANOS COLEGIADOS

Para garantizar la aplicación de todas las medidas recogidas en el Pacto se crea una estructura organizativa permanente, con tres órganos colegiados. Por un lado, la Asamblea de la Cañada, como órgano de debate y participación de las administraciones públicas, los grupos políticos, las entidades sociales y las asociaciones de vecinos. Contará con unas mesas Sectoriales en materia Social, de Seguridad y Técnico Urbanística.

Por otro, el Comité Ejecutivo de la Cañada, como órgano de adopción de decisiones, con participación de la Delegación del Gobierno, dos representantes de la Comunidad y uno de cada uno de los ayuntamientos. El Comité Ejecutivo estará presidido por el comisionado regional para la Cañada. Por último, se crea la Comisión de Seguimiento del Pacto Regional, como órgano encargado de fiscalizar e interpretar el Pacto Regional.