MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid exige al Gobierno "que deje sin efecto" la resolución que inicia el expediente para declarar la Real Casa de Correos, lugar donde se ubicaba la antigua Dirección General del Seguridad tras la Guerra Civil, como Lugar de Memoria Democrática.
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este miércoles un acuerdo para dejar sin efecto el procedimiento comenzado desde la Administración del Estado este pasado octubre, tal y como ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa.
El consejero madrileño ha tachado de "auténtica barbaridad" el deseo del Ejecutivo de Pedro Sánchez de "vincular" este edificio, "la casa común de todos los madrileños", con el Franquismo.
El Ejecutivo regional argumenta que esta decisión implica "la invasión de competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid". En concreto, citan materias de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno; patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico de interés; vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones; desarrollo legislativo, potestad reglamentaria y ejecución de bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad de Madrid; y sus facultades como poder público en defensa de la libertad, justicia y la igualdad de los ciudadanos.
Este requerimiento es el paso necesario y previo al envío de este asunto al Tribunal Constitucional al amparo de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, de dicho órgano jurisdiccional.
Desde el Ejecutivo regional han subrayado que este edificio de la Puerta del Sol, "con más de 250 años de historia", tiene la máxima protección como Bien de Interés Cultural. Durante ese periodo ha albergado, entre otras instituciones, la Capitanía General, el Gobierno Militar y el Ministerio de Gobernación. Desde 1985 es sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
La Dirección General de Atención y Promoción de la Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, aprobó el 16 de octubre de 2024 una resolución para iniciar este procedimiento administrativo. La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local presentó el mes pasado un escrito de alegaciones contra esta decisión unilateral. En él también denuncia que el Estado ha actuado con "total falta de lealtad institucional".
"Exigimos al Gobierno central que saque sus manos de la Real Casa de Correos, un Gobierno que todo lo que toca lo convierte en un caos o como en este caso lo ensucia", ha concluido.