El Congreso apoya tramitar la ley contra la discriminación del colectivo LGTBI, aunque el PP ya prepara otra

PSOE y Ciudadanos harán mejoras jurídicas en el texto y el PNV avisa de que la iniciativa invade competencias autonómicas

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mayoría del Congreso ha apoyado este martes 19 de septiembre la tramitación de la Ley de Igualdad LGTBI, redactada por asociaciones en defensa de este colectivo e impulsada por Unidos Podemos, con la que se busca terminar con la discriminación de las personas LGTBI en diferentes ámbitos, como la vida política, económica, cultural y social. El PP ha decidido abstenerse en la votación, y ya ha anunciado que presentará un texto alternativo para sustituirla.

Uno de los principales cambios que busca la ley presentada por Unidos Podemos es eliminar la patologización de las personas transexuales. Hasta ahora, este colectivo tiene que demostrar ante un psicólogo que sufre disforia de género (trastorno de identidad) para acceder a los tratamientos de reasignación de sexo y, con la futura ley, se prohíben estos exámenes médicos por "coartar la libertad de autodeterminación de género".

También en el ámbito sanitario, la norma propone que los menores a partir de 16 años puedan acceder a la reasignación sexual quirúrgica sin el consentimiento de sus progenitores, mientras que será a partir de "la pubertad" cuando puedan solicitar los tratamientos de bloqueadores hormonales "por sí mismos".

La ley garantiza, además, el acceso a las técnicas de reproducción asistida en los hospitales públicos de cualquier persona con capacidad de gestar, independientemente de su orientación sexual. El texto plantea además la creación de una Comisión Interministerial de Políticas LGTBI, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para coordinar las administraciones públicas y unificar la atención en todas las comunidades autónomas.

MEDIDAS EN EDUCACIÓN

La Ley de Igualdad LGTBI plantea que se estudie el movimiento LGTBI en la asignatura de Historia en educación secundaria y que en todas las asignaturas y cursos se incluyan ejercicios y ejemplos que contemplen la diversidad sexual y de género, así como la diversidad familiar. Además, obliga a que la atención a la diversidad sexual, de género y familiar se incorpore a la educación primaria y que en las bibliotecas de los colegios haya libros de temática LGTBI.

Por otra parte, proponen crear una Agencia Estatal contra la discriminación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, a la que se le dan competencias para velar por el cumplimiento de la Ley de Igualdad LGTBI sin mediación judicial.

La portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Mar García-Puig, ha explicado que el texto, que cuenta con 99 artículos, incluye medidas para modificar el sistema de administración, el educativo o el sanitario, entre otros, además de fijarse en aquellas personas LGTBI más vulnerables, como pueden ser los migrantes, las personas privadas de libertad, los menores y adolescentes o las mujeres transexuales.

Para García-Puig, se trata de una norma "pionera" y "ambiciosa" que busca terminar con una situación que es "estructural", ya que, a su juicio, la discriminación que sufren estas personas "no viene de sólo unos pocos individuos", sino que es producto de la actual sociedad heteronormativa.

EL PP CREE QUE MENOSCABA DERECHOS

La también diputada de la formación morada Sofía Castañón ha definido esta propuesta como "la ley que hace a todos un poco más libres, más justos y más abiertos" y ha recordado los tiempos en que España se reía de los chistes contra homosexuales o sobre la violencia contra la mujer. "En España la gente de ha reído de las violaciones y las violencias y con eso no se educa", ha declarado Castañón, para añadir que, sólo cuando se empiece a debatir con quienes sufren estas violencias, se empatiza con su dolor, y se cambia hacia una sociedad más justa.

Parte de las intervenciones de ambas diputadas se han dirigido a la bancada 'popular', para pedir su apoyo "sin medias tintas" a la ley, unos ruegos a los que el PP no ha accedido, ya que ha decidido abstenerse en la votación. Su portavoz en este debate, Marta González, ha explicado que su intención es presentar un texto alternativo en el que "se respeten las competencias" en algunos aspectos que presenta la ley y para "una adecuada protección de los derechos de las personas LGTBI, sin menoscabo de los derechos de otras personas".

Para el PP, el texto presentado es "torpe en fondo y forma", "chapucero" y "deficiente". Así, ha criticado la "intensidad" con la que proponen "eliminar" cualquier soporte en el que se observe un mensaje discriminatorio. "Decomiso, destrucción, bloqueo, interrupción, son algunos de los términos que usan", ha señalado. También ha considerado "inadmisible" que se permita a los menores de 16 años operarse sin consentimiento de los progenitores.

MEJORAS JURÍDICAS

Muy diferente ha sido la intervención de la portavoz socialista, Lola Galovart, quien ha asegurado que las enmiendas socialistas irán encaminadas a mejoras jurídicas en el texto, para que sea "más cohesionado y más ajustado al derecho". Sin embargo, en líneas generales, la socialista ha valorado la ley como "muy necesaria" para iniciar el camino "en el reconocimiento real y efectivo" del colectivo en un país que, a su juicio, está "en la vanguardia de la lucha contra la discriminación".

Galovart ha recordado en su intervención al socialista y activista por los derechos LGTBI, el fallecido Pedro Zerolo, al igual que su homóloga de Ciudadanos, Patricia Reyes. La diputada de la formación naranja ha valorado positivamente el debate de esta norma, pero ha recriminado a Unidos Podemos que hayan presentado la ley de forma "precipitada", a pesar de que su partido ya había advertido de que había "defectos". "Lo importante era adelantarse a otros grupos para apropiarse de la bandera", ha criticado Reyes.

Desde PNV también han mostrado su apoyo a una ley que busca "la igualdad" entre todos los ciudadanos, aunque ha señalado que habrá que modificar algunos aspectos que se introducen en ámbitos competenciales de las autonomías. En este sentido, también se ha expresado las portavoces de ERC y PDeCAT, Teresa Jordá y Lourdes Ciurò, respectivamente, que han aprovechado, además, para hablar de la discriminación y la violación de derechos que, a su juicio, vive actualmente Cataluña.

Finalmente, el diputado de UPN, Salvador Armendariz, ha declarado que votarán en contra de la norma porque la norma supone inseguridad jurídica, no hace referencia a las leyes de la biología, elimina la presunción de inocencia en actos de discriminación y supone una sobreprotección de un colectivos, provocando que existan "ciudadanos de primera de segunda". "También quita el derecho de los padres a educar bajo nuestras propias convicciones y restringe la libertad de expresión", ha señalado.

Para la portavoz de Igualdad de Compromís, Marta Sorlí, este debate demuestra que España es "un Estado anormal" en donde "es transgresor hablar de derechos humanos".