MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha aprobado este martes ampliar hasta final de año los trabajos para elaborar el informe del Pacto Social y Político por la Educación, que los grupos están negociando en la Cámara Baja. Se trata de una petición que los partidos registraron el pasado mes de julio tras considerar que los seis meses que, en principio, se habían dado de margen, no eran suficientes para completar el trabajo.
Se retrasa así un informe que debería haber estado listo antes del receso estival del Parlamento, lo que supone que el nuevo curso escolar 2017/2018 ha comenzado con la incertidumbre de qué ocurrirá con este acuerdo.
La decisión de los grupos, según explicaron el pasado mes de julio, se debe a que han necesitado este periodo para escuchar a los más de un centenar de expertos sobre la materia que han sido convocados para exponer sus peticiones de cara al futuro pacto. Ahora, tienen el último trimestre del año para elaborar las medidas esenciales que, tras su aprobación en la Cámara Baja, deberá estudiar el Gobierno.
El propio ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, que se reunió a principios de verano con los portavoces de los partidos que trabajan en este pacto, se ha comprometido a tomar este acuerdo de mínimos como base para elaborar la nueva ley de Educación, que se convertiría en el octavo texto de esta materia en democracia.
DISTINTAS LECTURAS DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN
Hasta ahora, el punto que más debate ha suscitado, y sobre el que parece que hay una gran divergencia de posturas, se centra en la interpretación del artículo 27 de la Constitución Española sobre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y cómo se aplica este principio en la defensa o no de la red concertada.
Mientras para el PP el artículo 27 es su principal 'línea roja' en las negociaciones, y señala que la existencia de la concertada responde a este derecho constitucional porque la demandan las familias, Unidos Podemos y PSOE acusan a los 'populares' de hacer una lectura sesgada de la Carta Magna. Ambas formaciones quieren reducir la oferta de conciertos y, en concreto, Podemos quiere su desaparición.
Para Ciudadanos, el debate no es tal y defiende la coexistencia de la red pública y la concertada, pero le parece que lo que hay que abordar es el modelo de financiación de esta última.
EL "OTOÑO CALENTITO" DEL PSOE
El pacto también se ha visto amenazado después de que la semana pasada el PSOE anunciara un "otoño calentito" con varias iniciativas legislativas, sin esperar a debatirlas en el foro que esta formación política junto con PP y Ciudadanos se han dado para reformar el sistema educativo.
Los socialistas creen que sus proposiciones de ley, relativas a limitar los conciertos o quitar el carácter evaluable a la asignatura de Religión, entre otras, son compatibles con los trabajos para el Pacto, y han defendido que son temas que requieren de cierta urgencia para evitar los "efectos devastadores" de la LOMCE.
Este anuncio ha sido duramente contestado por Méndez de Vigo, que ha pedido "seriedad" a la formación liderada por Pedro Sánchez y le ha reprochado que sus anuncios sólo no "solamente traen intranquilidad a familias y profesores". También desde Ciudadanos han acusado al PSOE de "irresponsable" y le han pedido "lealtad".
También la portavoz de Educación de la formación naranja, Marta Martín, ha calificado de "absoluta irresponsabilidad" la actitud del PSOE. Según ha explicado a Europa Press, las iniciativas legislativas presentadas son aquellas en las que hay discrepancia entre partidos y critica que se hagan al margen de las negociaciones del Pacto Social y Político por la Educación en el Congreso.