MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Seguridad Vial en el Congreso ha aprobado este martes una iniciativa del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar por la que se insta al Gobierno de coalición a "seguir trabajando en el refuerzo de las plantillas de la Dirección General de Tráfico (DGT) para poder dar un servicio público y de calidad a la ciudadanía" en materia reposición de plazas de examinadores de carné de conducir.
La iniciativa, que ha sido transaccionada por Sumar y el PSOE, ha salido adelante con 30 votos a favor y cuatro en contra. Además, el texto recogido por Europa Press, llamar al Ejecutivo a "iniciar los trámites para la reglamentación adecuada en lo relativo a la validación de examinadores de carné de conducir".
En este sentido, y mientras se esté desarrollando, reclama "establecer los mecanismos necesarios para que los profesores y profesoras de autoescuela que ya están acreditados puedan acceder a las plazas ofertadas por la Dirección General de Tráfico". "La falta de examinadores de carné de conducir en las diferentes jefaturas es un problema que ya lleva años aconteciendo en diferentes provincias, creando una bola de nieve que cada año agrava el problema, un problema de carácter estructural. En las zonas más afectadas la lista de espera puede ser de varios meses para la prueba práctica", sostiene.
Según dice Sumar, la Dirección General de Tráfico (DGT) "va reforzando la plantilla de examinadores, inclusive planes de choque que supondrán hasta 500 nuevos administrativos" y "las causas de este problema, además de la falta de cobertura de plazas arrastrada durante años, también se achaca a la falta de respuesta ante la estacionalidad -el alumnado suele ser mayor en vacaciones y Navidad". Así, consideran que existe un "riesgo real de colapso" en algunas provincias.
Por otra parte, la Comisión ha aprobado otra iniciativa, presentada por el grupo Parlamentario Republicano, por la que se insta al Gobierno a desarrollar, en un plazo de tres meses, las señales de electrolinera en las carreteras de titularidad estatal, a cargo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
"Para ello se utilizará la información sobre los puntos de recarga de acceso público de alta potencia (según la normativa europea) que haya sido remitida por parte de los prestadores de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos al Ministerio para la Transición Ecológica según Real Decreto 184/2022, de 8 de marzo, por el que se regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos", añade el texto, que ha contado con el apoyo 19 votos a favor y 15 en contra.
En la exposición de motivos, el grupo Republicano defiende que "la señalización urgente de las electrolineras, facilitando la localización de puntos de recarga, reducirá una de las principales preocupaciones de los usuarios de vehículos electrificados y fomentará la confianza en esta tecnología a los usuarios futuros que, actualmente, declaran su reticencia hacia la movilidad electrificada".
Por último, sostiene que "la transición hacia una movilidad eléctrica es clave para cumplir con los compromisos adquiridos en materia de cambio climático, y la falta de infraestructura de recarga de acceso público y, en primer término, la falta de información sobre la infraestructura existente, está siendo una barrera importante para la adopción del vehículo electrificado".