MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Congreso ha acordado mantener en los 14 años la edad mínima a la que un menor puede dar su consentimiento para el tratamiento de sus datos en Internet y así crearse un perfil en redes sociales, desechando la propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de rebajarlo a los 13 como en Irlanda y Reino Unido, principales sedes de los grandes servidores de Internet.
El Gobierno 'popular' presentó en febrero un proyecto de ley en materia de protección de datos, con el que se pretende adaptar la legislación española a la directiva europea sobre este tema. Al presentar el texto, la presidenta de la AEPD, Mar España, propuso una rebaja de la edad de consentimiento del menor en Internet para igualarse a la media europea, que está en esos 13 años. Además, planteaba este cambio con un refuerzo en la educación específica en las escuelas desde los cinco años.
Sin embargo, los grupos parlamentarios que han trabajado en el texto definitivo en la ponencia del Congreso, han decidido finalmente, y por unanimidad, no tocar este apartado. De este modo, hasta los 14 años, los niños no podrán crearse solos una red social o un correo electrónico, sino que deberán usar los datos de sus tutores o representantes legales.
LOS COLEGIOS NECESITARÁN CONSENTIMIENTO
También será necesario el consentimiento de los tutores para que centros educativos y personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades con menores puedan difundir datos o imágenes de menores en la red. Así se incluye en un nuevo capítulo de esta norma, a la que ha tenido acceso Europa Press, llamada "Garantías de derechos digitales".
En este apartado se recoge la intervención del Ministerio Fiscal cuando el uso o difusión de imágenes o información personal de menores en redes sociales o servicios de la sociedad de la información puedan implicar "intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales". La Fiscalía podrá instar las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley de Protección Jurídica del Menor.
Estas medidas, junto con el resto del texto que ha sido acordado por unanimidad en el seno de la ponencia, serán votados en la Comisión de Justicia del Congreso el próximo 10 de octubre y, previsiblemente, unas semanas después se llevará a votación al Pleno, antes de que comience su tramitación en el Senado.