Consejeros del Tribunal de Cuentas propuestos por el PSOE piden fiscalizar el 0,7% del IRPF para la Iglesia Católica

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cinco consejeros del Tribunal de Cuentas han reclamado fiscalizar la asignación del 0,7 por ciento del IRPF a la Iglesia Católica a través de dos votos particulares presentados al programa de fiscalización para 2017. Este programa fue aprobado el pasado 22 de diciembre por el pleno del organismo --formado por 12 consejeros más el Fiscal-, y no recoge esta propuesta.

Concretamente, se trata de cinco consejeros propuestos por el PSOE. Felipe García Ortiz, presidente de la Sección de Enjuiciamiento, María Antonia Lozano Álvarez, consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento y, Lluís Armet i Coma, consejero del Departamento Cuarto de la Sección de Fiscalización, que han presentado un voto particular en este sentido, al que se ha adherido María Dolores Genaro Moya, Consejera del Departamento Tercero de la Sección de Fiscalización. Además, Enriqueta Chicano Jávega, titular del Departamento del Area Político-Administrativa del Estado, ha presentado otro voto particular en el mismo sentido.

El primero de los votos particulares, avanzado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso Europa Press, atribuye esta propuesta a una "demanda social" que, en el marco de la exigencia de transparencia en la gestión de los fondos públicos, clama por que el Tribunal de Cuentas realice fiscalizaciones sobre órganos, sectores o instituciones que perciben "ingentes ingresos públicos" sin que, "en ningún momento", rindan cuentas de su destino.

"Una de estas instituciones, que cuenta con un sistema de financiación si no opaco, al menos poco transparente, es, sin duda, la Iglesia Católica", añaden.

En su opinión, la Memoria que, en cumplimiento del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, suscrito con fecha 3 de enero de 1979, la Conferencia Episcopal Española presenta describiendo la aplicación de los fondos, proyectada y realizada por la Iglesia', no ofrece suficiente información sobre la naturaleza económica de las operaciones financiadas, "limitándose, básicamente, a informar sobre el reparto territorial de los fondos".

Igualmente, consideran que la Memoria tampoco constituye un documento representativo de la gestión económico-financiera realizada, dado que realmente se configura como una "auténtica Memoria Anual de actividades de la Iglesia Católica en España".

Los consejeros recuerdan que su reivindicación ha sido objeto de "rechazo sistemático" en los procesos de elaboración de los sucesivos Programas de Fiscalizaciones del Tribunal por razones "coyunturales", de "oportunidad" o "por no ajustarse al ámbito competencial del Tribunal", en base a argumentos legales que los consejeros firmantes no comparten.

Así, consideran que la asignación del 0,7 por ciento del IRPF a la Iglesia Católica es una "fórmula de apoyo económico otorgada por una Administración Pública a una institución no integrante del sector público", tiene una "naturaleza económica" y "repercusión en los ingresos públicos". Al mismo tiempo, creen que el hecho de que esta obligación de financiación surja de los Acuerdos Iglesia-Estado "no permite su exclusión de la actividad económico-financiera" del Estado.

Afirman, por tanto, que la propuesta, desde el "respeto absoluto al marco legal vigente", pretende constituir una "primera aproximación a las diversas fuentes de financiación de la Iglesia Católica", alcanzando una "opinión fundada" sobre si el procedimiento del Estado, se ajusta al marco normativo, a los principios de eficacia y eficiencia y al de transparencia en la gestión de fondos públicos.

En esta línea, señalan la oportunidad de analizar y estudiar si, 35 años después de suscribirse los acuerdos, la promesa de autofinanciación que interpretan recogida en los mismos ha sido alcanzada o, por el contrario, se deben constatar las causas que lo han impedido. A ello, añaden los esfuerzos de transparencia que han hecho otros organismos, como la Casa del Rey o el Consejo General del Poder Judicial.

"El Tribunal de Cuentas está obligado a dar respuesta a esta demanda social (de transparencia) y contribuir a incrementar la transparencia en la gestión de un volumen tan relevante de fondos públicos", añaden los firmantes, que señalan también la "multiplicidad y dispersión" de las fuentes de financiación pública de la Iglesia Católica.

Por su parte, en el segundo voto particular, la consejera Enriqueta Chicano considera "innegable" que la mencionada asignación es una salida de fondos públicos, para una finalidad concreta y con una vigencia anual, pero con una duración temporal que "necesariamente ha de tener fin" en relación, según también señala, al compromiso de autofinanciación antes señalado.

Igualmente "innegable" es, en su opinión, la competencia del Tribunal de Cuentas para fiscalizar que esa obligación del Estado se cumple adecuadamente. Por un lado, para examinar la cuantía que asigna a la Iglesia Católica, pues no debe atribuirle "ni más ni menos fondos" que aquellos que debe asignarle. Por otro, para verificar el total cumplimento del Acuerdo de enero de 1979, en cuanto a que los fondos públicos se asignan a la finalidad prevista, como en que el preceptor de los fondos está cumpliendo la obligación de lograr la autofinanciación.

"El Tribunal de Cuentas nunca ha fiscalizado el cumplimento de las citadas obligaciones, aunque las mismas tienen una antigüedad de más de tres décadas y, sin embargo, sí ha fiscalizado obligaciones estatales de la misma naturaleza, pues si se han realizado actuaciones derivadas de la asignación del 0,7 por ciento de la recaudación del IRPF a otras organizaciones", añade.