Consejo Escolar pide reforzar los controles para que colegios concertados no cobren a familias por enseñanzas gratuitas

   El órgano de participación de la comunidad educativa pide crear en colegios la figura de Coordinación de igualdad entre los sexos

   MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo Escolar del Estado ha incidido en la necesidad de reforzar los controles desde las administraciones públicas educativas para garantizar que los centros concertados "no soliciten aportaciones económicas adicionales, directas o indirectas, a las familias por conceptos relacionados con enseñanzas gratuitas".

   Esta propuesta ha sido incluida en el 'Informe 2024 sobre el estado del sistema educativo', al que ha tenido acceso Europa Press, a través de una enmienda presentada por CEAPA que, a diferencia del resto del documento, no fue aprobada por unanimidad por el Pleno del Consejo Escolar del Estado.

   El documento reúne una serie de propuestas de mejora dirigidas al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y a las administraciones educativas.

   Entre ellas, destaca la necesidad de incorporar un mecanismo de revisión anual "que ajuste los conciertos educativos a las necesidades reales de escolarización en cada comunidad autónoma, priorizando la inversión en la red pública y evitando el mantenimiento de conciertos innecesarios".

   El Consejo Escolar del Estado insta a las administraciones educativas a crear en los colegios una Coordinación de igualdad entre los sexos. Para ello, se deberá ampliar la normativa para incorporar el nombramiento de un docente en cada centro que ejerza de esta figura y establecer una dotación presupuestaria para la reducción horaria de este profesorado.

   En este contexto, anima a impulsar prácticas educativas que promuevan una formación integral de las personas que las capacite para tomar decisiones libres de sesgo de género.

   En la misma línea, apuesta por potenciar la figura del Coordinador de Bienestar fijando, mediante normativa de carácter básico, el perfil que debe cumplir esta persona según las funciones encomendadas, ampliando su formación específica y reduciendo su horario lectivo para que pueda desarrollar sus funciones.

   El órgano de participación de la comunidad educativa recomienda al Ministerio y a las ciudades de Melilla y Ceuta que amplíen la oferta de plazas públicas en los dos ciclos de Educación infantil, "ya que la baja escolarización, su elevado número de alumnado por aula y el hecho de que parte de este alumnado cuenta con lengua materna específica (tamazight y dariya) recomiendan una atención específica con más medios y cupo de profesores".

   Por otro lado, propone que se realice un estudio pormenorizado del crecimiento de la demanda de los estudios de Formación Profesional y se oferten las plazas públicas necesarias para cubrir esa demanda.

INTENSIFICAR LAS MEDIDAS Y RECURSOS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

   Con el fin de promover la igualdad de oportunidades y no dejar a nadie atrás, el Consejo Escolar del Estado recomienda intensificar las medidas y recursos estructurales destinados a los Planes de Convivencia en los centros educativos con el objetivo de prevenir el acoso escolar, en especial el ciberacoso, y la violencia en el entorno educativo, así como evaluar sistemáticamente los resultados de estos planes, poniendo especial atención en el alumnado más vulnerable, incluyendo a aquellos con discapacidad.

   El informe también hace hincapié en la necesidad de abordar, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, en normativa básica, la reducción de la ratio de estudiantes por aula en todos los niveles educativos y, de forma específica, en aquellos grupos con alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, así como promover el establecimiento de criterios comunes de actuación entre las diferentes Administraciones educativas, con el fin de garantizar una atención más personalizada del alumnado.

   Igualmente, reclama promover, de acuerdo con las comunidades autónomas, una normativa básica reguladora de servicios complementarios, actividades complementarias y actividades extraescolares que, en todo caso, no tendrán un carácter lucrativo.

   El órgano de participación pide al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que reflexione sobre la conveniencia de que la comunidad educativa debata la extensión de la obligatoriedad de la educación hasta los 18 años.

   También quiere que se promueva un debate público sobre el modelo de jornada y los horarios de impartición de las enseñanzas, abierto a la participación de la sociedad en general, con la intervención activa de la comunidad educativa, de responsables de la Administración educativa y de expertos. El objetivo es "establecer conclusiones que faciliten la adopción de políticas orientadas a mejorar la calidad de la educación".

MEJORAR LAS INSTALACIONES PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES

   Además, pide abordar, en el menor plazo de tiempo posible, la mejora de las instalaciones en los centros educativos sostenidos con fondos públicos con el fin de garantizar unos adecuados niveles de calidad del aire, de temperatura en las aulas, de sostenibilidad acústica y prevención del ruido, siguiendo las directrices marcadas por la Unión Europea respecto a la eficiencia energética de los edificios y fomentar que en las nuevas construcciones se favorezca minimizar los impactos ambientales, avanzando hacia la autosostenibilidad y contribuyendo, junto a otros elementos, a reducir el coste energético de los mismos.

   Por otro lado, propone la modificación de la Ley 4/2019 para que el número máximo de horas lectivas semanales recomendadas para el profesorado -23 horas en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, y 18 horas en el resto de enseñanzas- se establezca como límite máximo, contribuyendo así a reducir las desigualdades entre territorios. Asimismo, en los foros pertinentes, negociar la extensión de estas medidas a todo el profesorado de centros sostenidos con fondos públicos.

   En cuanto a los recursos, insta a garantizar un gasto educativo del 5,5% del Producto Interior Bruto para 2025, excluyendo los fondos estructurales, y aumentar progresivamente esta inversión para alinearla con la media de los países de nuestro entorno.

   "Este incremento debe permitir una adecuación financiera acorde con las necesidades y demandas educativas actuales -tal como establece el artículo 155 de la LOE-, asegurando un gasto educativo básico por estudiante que garantice el derecho de todo el alumnado a una educación inclusiva y de calidad", señala el informe.