MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Educación y Universidades del gobierno balear, Antoni Vera, ha criticado que el convenio de financiación para la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) "vincula económicamente y perjudica a Baleares".
Así lo ha dicho en declaraciones a los medios a su llegada al un acto en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, donde ha firmado junto al secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y el rector de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), Jaume Carot, el convenio para la implantación del Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador en la UIB, también llamado Programa María Goyri.
Aunque el gobierno balear ha firmado el citado convenio, el conseller ha asegurado que van "a seguir reclamando al Ministerio los recursos de financiación para aplicar la LOSU en igualdad de condiciones".
UNA CIFRA INSUFICIENTE
Vera ha defendido que la UIB precisa de "más de 230 profesionales" y mediante este convenio "el Estado financia 28 y la comunidad asume la financiación de los 18 restantes, en total 46", una cifra que el consejero ha recriminado. "Está muy lejos de lo que necesita nuestra universidad".
"Baleares no quiere ser más que los demás, queremos ser iguales. Y para nosotros, nuestra universidad pública, en una comunidad autónoma plurinsular, es nuestro elemento más vertebrador" ha indicado Vera.
Asimismo, el rector de la UIB, Jaume Carot, ha reclamado que aunque el convenio firmado este miércoles es "importante e imprescindible" también lo considera "totalmente insuficiente".
El rector ha explicado que la necesidad de profesorado viene de que cuando entró en vigor la LOSU "las atribuciones docentes del profesorado cambiaron y esto generó un déficit de horas docentes que se traduce en un déficit de profesorado".
COMPETENCIAS AUTONÓMICAS
Por su parte, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha apuntado durante la firma del convenio que "el compromiso del Gobierno con el 'Programa María Goyri' supone financiar durante seis años 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor en toda España, lo que supondrá un coste global de más de 900 millones de euros por parte del Ejecutivo".
A su vez, ha apuntado que el Programa implica también la movilización de otras 2.236 plazas "que sufragarán las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias".
El secretario de Estado ha recordado que esta es "la primera vez" que un Gobierno de España se hace cargo de manera directa del salario de los profesores e investigadores universitarios, financiando una competencia que está transferida a las CCAA.