MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción ha criticado a las comunidades autónomas por su "lentitud" en implementar el Reglamento europeo de Deforestación. Según denuncia, la "inmensa mayoría" de los gobiernos autonómicos ni disponen de una unidad técnica capacitada para cumplir con sus funciones sobre el tema, ni han puesto sobre la mesa ningún recurso extra (a excepción de la Junta de Andalucía).
Este reglamento, aprobado en junio de 2023, debe aplicarse plenamente a partir del 30 de diciembre de 2024, y afecta a cualquier actividad comercial de soja, aceite de palma, café, cacao, caucho, madera y ganado bovino. Concretamente, obliga a garantizar la trazabilidad de cualquier partida de esos siete productos hasta su parcela de producción y avalar que no proviene de zonas deforestadas y que se ha producido siguiendo la legislación nacional.
En este marco, Ecologistas en Acción ha solicitado información a las 17 comunidades autónomas y ha llevado a cabo durante junio diversas reuniones con algunas "de las que representan un mayor porcentaje" en el consumo de materias primas afectadas por el Reglamento, en concreto con la Junta de Andalucía, la Xunta de Galicia y el Gobierno de Aragón.
El portavoz de Ecologistas en Acción, Jaume Grau, ha explicado en declaraciones a Europa Press que lo que han hecho la mayor parte de comunidades autónomas es asignar este nuevo reglamento a la unidad técnica que gestionaba el reglamento sobre la madera. En su opinión, esto es "inviable" porque "ni hay personal especializado, ni hay suficientes personas para hacer esta inspección". Tal y como detalla, Andalucía ha contratado a una persona y la ha incorporado a esta unidad, lo que "sigue siendo insuficiente, pero bueno, ya es más que el resto".
Según recuerda la ONG, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) debe establecer protocolos comunes de comunicación y llevar al Congreso de los Diputados una propuesta de ley para aprobar el procedimiento sancionador del Reglamento en España. Sin embargo, la organización opina que esta demora del ministerio "no es excusa para que las comunidades autónomas fallen en cumplir con sus obligaciones legales".
Así, opina que las demoras son "preocupantes" y vuelven a poner a España "muy por detrás" de otros países europeos como los Países Bajos, los cuales disponen ya de una unidad administrativa con un fuerte presupuesto y personal específico, además de protocolos de trabajo. "Los retrasos más los obstáculos que están poniendo algunos sectores empresariales pueden dificultar la aplicación del reglamento de forma uniforme y armonizada en la Unión Europea (UE), lo que llevaría a fracasar en el objetivo de detener la deforestación", ha destacado la organización.
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