MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción ha denunciado que el modelo agrario "hiperintensivo" del cultivo de los frutos tropicales en las provincias de Málaga y Granada tiene "graves impactos" socioambientales. En particular, ha criticado que provoca el agotamiento de los recursos hídricos y la degradación y erosión de los suelos, así como la destrucción de un modelo agrario basado en explotaciones familiares cada vez más dependientes o supeditadas a la influencia de la entrada de fondos de inversión en la agricultura.
Estas son las principales conclusiones del nuevo capítulo 'La provincia de Málaga y Granada: extractivismo agrario para el cultivo de frutas tropicales' del informe 'El verdadero precio de los alimentos. La cara oculta de la agroindustria en la Península ibérica', que el grupo ecologista ha presentado este miércoles 11 de septiembre.
Para la ONG, la producción del aguacate tiene un precio muy alto ya que este tipo de cultivos requieren de un elevado consumo de agua, que en la actualidad se mezcla entre otras cosas con las olas de calor que se están produciendo, así como los recurrentes periodos de sequía. En opinión del grupo ecologista, todo esto conduce a una gran sobreexplotación de los recursos hídricos.
A esto se añaden la degradación y erosión del suelo que tienen lugar por los enormes movimientos de tierra que se producen al usar maquinaria pesada durante la puesta en cultivo, así como por la deforestación de las laderas para la implantación de cultivos. Tal y como ha destacado la ONG, esta degradación se ve agravada por fenómenos climáticos extremos como las lluvias torrenciales.
Al margen de las consecuencias en el terreno, Ecologistas en Acción también ha denunciado las repercusiones de este modelo agroindustrial a nivel social. Así, ha incidido en que las rentas medias de las zonas agrarias son de las más bajas de España. En concreto, la renta más baja es de 7.972 euros por persona y año en el municipio de Moclinejo (en la Axarquía malagueña), y de 7.625 euros/año en la costa granadina, en el municipio de Albuñol.
En cuanto al empleo, la ONG ha ofrecido estimaciones de que se contrata a una persona por cada cinco hectáreas de aguacates al año. En cambio, el cultivo de hortalizas a campo abierto emplea a unas 15 personas por cada cinco hectáreas. Según el grupo ecologista, este ejemplo demuestra que el modelo agroindustrial no solo crea menos puestos de trabajo, sino que concentra los beneficios económicos, de modo que solo una mínima parte beneficia a la economía local y al desarrollo rural asociado.
Aunque el estudio se ha centrado en Málaga y Granada, la ONG ha recordado que la producción agroindustrial del aguacate es un proceso expansionista que está alcanzando otras provincias como Cádiz, Huelva, Murcia y Alicante. En el caso particular de Cádiz,
DIVERSIFICAR LOS CULTIVOS Y UTILIZAR RIEGO EFICIENTE
Según el portavoz de GENA-Ecologistas en Acción Rafael Yus, es preciso diversificar los cultivos, potenciar en estos lugares el secano, mejorar la eficiencia del riego mediante técnicas como el riego subterráneo, utilizar variedades de baja demanda de agua, forestar los taludes de los cultivos con arbustos autóctonos y asegurar el caudal ecológico que corresponde a los ríos.
En la presentación del informe ha incidido que aunque "está bien" que los agricultores utilicen el aguacate, ya que es un cultivo que da muy buen resultado, se debería dejar sólamente los cultivos legales. Además, ha pedido que se utilicen sistemas de riego eficiente (y que la eficiencia del riego no sirva para aumentar la superficie de regadío o el número de pies de árboles a regar, sino para llegar al nivel de sostenibilidad).
Por su parte, el también portavoz de Verdemar-Ecologistas de Acción, Juan Corrales, ha añadido que se deberían condicionar las ayudas europeas a exigirle a los agricultores que cumplan con las medidas agroambientales que exige la comunidad. Por último, la también portavoz de la organización ecologista Elena Alter ha señalado que hay que eliminar los regadíos ilegales, facilitar e incentivar que los agricultores produzcan cultivos tradicionales a través del pago de precios justos y repartir de manera equitativa los recursos básicos como lo es el agua.