Entidades del ámbito educativo y social denuncian la "gravedad" de la Ley de Igualdad LGTBI promovida por Podemos

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por las Libertades --integrada por entidades del ámbito educativo y social-- ha denunciado la "gravedad" de la Ley de Igualdad LGTBI promovida por Unidos Podemos, impulsada por la Federación que representa al colectivo LGTBI y firmada por la mayoría de los partidos de la oposición durante su registro en la Cámara Baja.

Entre las organizaciones que forman parte de la plataforma se hallan Aesvida; Andoc (Asociación Nacional de Objeción de Conciencia); Asociación Cívica: Ciencia, Vida y Cultura; Asociación Custodia Compartida por Nuestros Hijos; Asociación Enraizados; Asociación Española de Farmacéuticos Católicos; Hazteoir.Org; Cidevida; la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (FCAPA); la Federación Española de Asociaciones Provida; la Fundación Madrina; y la Federación Europea One Of Us, entre otras.

"Bajo el pretexto de perseguir la discriminación por razón de orientación e identidad sexual o de combatir la 'LGTBIfobia', el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos pretende que el Congreso de los Diputados apruebe una Ley que lejos de perseguir la igualdad y no discriminación, trata de imponer una ideología totalitaria que vulnera las libertad de padres, educadores, periodistas, profesionales de la sanidad", ha alertado en un comunicado la plataforma.

En este sentido, ha criticado que, con la "aparente disculpa" de luchar contra esta forma de discriminación --objetivo que comparte--, aprovecha para "implantar una concepción ideológica propia de las asociaciones LGTBI sobre la persona, de los diferentes modelos de familia y de la sexualidad que, siendo discutibles --pues existe en nuestra sociedad una pluralidad de concepciones-- se tratan de imponer a todos".

Asimismo, ha avisado de que la propuesta legislativa de Unidos Podemos "contraviene" distintos derechos reconocidos en la Constitución Española, como el derecho a la igualdad, a la integridad física y moral, el derecho a la protección de la salud, el deber de prestar asistencia de todo tipo a los hijos, el derecho de libertad de expresión, el derecho de presunción de inocencia, el de seguridad jurídica, el derecho de tutela judicial efectiva, el derecho de educación, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, "entre otros muchos".

En este contexto, la Plataforma por las Libertades ha anunciado que hará uso de los recursos que ofrece el Estado de Derecho "en defensa de las libertades de todos". "Hacemos una llamada a la sociedad civil, así como a los diputados de los distintos grupos parlamentarios, para que defiendan con nosotros los derechos que esta Proposición de Ley pretende arrebatar a todos los españoles", ha remachado.

Según la coordinadora de la Plataforma y exparlamentaria 'provida', Lourdes Méndez, "esta proposición, la más radical de toda Europa, supone una transgresión de los valores en los que se asienta" e sistema democrático español. "Pedimos a los diputados que ejerzan su poder de representación para defender los derechos fundamentales de todos los españoles", ha declarado.

Para el presidente de One of Us, Jaime Mayor Oreja, la iniciativa "socava los cimientos básicos" de la sociedad. "No podemos quedarnos en silencio. Es dramático el calendario que pretende imponerse desde los colectivos más radicales de nuestra sociedad", ha agregado.

"Es una ley que se entromete en las responsabilidad de los padres, despreciando la Declaración Universal de Derechos Humanos y la carta de los Derechos Fundamentales de la Unión la Unión Europea en competencias educativas, en defensa y protección de los derechos de los padres", ha apuntado el presidente del Foro de la Familia, Mariano Calabuig.

El director general de la Fundación Jérôme Lejeune, Pablo Siegrist, ha afirmado que "tomar en consideración esta propuesta de ley supondría socavar la realidad de lo que es la persona, lo que es innegociable e inmutable, y eso afectaría negativamente tanto al mismo colectivo LGTBI como al resto de la sociedad".

"Tratar de modificar la realidad en aras de construir un mundo paralelo que fomenta la discriminación a las personas que no comparten una determinada ideología, recortando sus derechos y libertades fundamentales, no puede llevar a nada positivo. Si un colectivo sufriese discriminación, jamás debería actuar de tal manera que traspasase esa discriminación a otros", ha concluido.