MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante las autoridades autonómicas de consumo y ante el Ministerio de Consumo a la empresa 'OK Iniciativas SL', con sede en Torrejón de Ardoz (Madrid), por la creación de una serie de páginas webs que "emulan a las de los organismos públicos y aluden a las diferentes provincias de España con una estructura interna idéntica donde en última instancia cobran por la solicitud de certificados oficiales online".
Asimismo, han indicado que en los buscadores, las webs de esta empresa aparecen entre las primeras referencias cuando se busca "registro civil de X ciudad", desplazando a las oficiales, lo que "puede provocar que los usuarios crean que están accediendo a una página de la administración".
Según Facua, 'Ok Iniciativas SL' tiene una red de páginas webs aludiendo al Registro Civil de cada capital de provincia, "con una estructura interna prácticamente idéntica, y ofreciendo información de servicio sobre la ubicación y contacto de las sedes oficiales, con el objetivo de llegar a un mayor número de personas. Sólo al pie de la home se advierte que se trata de un portal privado y no de carácter público, generando confusión a los usuarios".
Ante esta práctica, la organización ha solicitado a las autoridades autonómicas y al Ministerio de Consumo que investigue los hechos denunciados y abran expediente sancionador "ante la comisión de posibles infracciones contra los derechos de los consumidores".
Del mismo modo, ha apuntado que en el pie de la web se muestra una nota indicando que los trámites que se ofrecen no están siendo proporcionados por un organismo oficial.
De acreditarse los anteriores hechos, Facua ha sugerido que se trataría de una infracción prevista en el apartado g) del artículo 47.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias: "Son infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios las siguientes: (...) El incumplimiento de las normas relativas a registro, normalización o denominación de productos, etiquetado, envasado y publicidad de bienes y servicios, incluidas las relativas a la información previa a la contratación"
Finalmente, ha informado que la sanción pecuniaria que podría llegar a imponerse asciende hasta los 100.000 euros, según el artículo 49.1.b), "pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido".