La FAPE condena la represión que sufre la prensa en el norte de Marruecos

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha informado de que las organizaciones periodísticas alertan de la vulneración constante de derechos que soportan los periodistas en el Rif, y ha añadido que, en el último mes, el Gobierno marroquí ha realizado detenciones "arbitrarias" y condenado a varios profesionales a prisión por ejercer el derecho a la información.

"La policía alauita se emplea a fondo para acallar las numerosas protestas que reivindican mejoras de las infraestructuras públicas e inversiones en la zona", ha denunciado la FAPE, al tiempo que ha agregado que los profesionales que desarrollan la labor informativa en Nador y Alhucemas "han alzado la voz en busca de auxilio" y que en las últimas semanas "la censura se ha agravado con secuestros, detenciones irregulares, palizas y condenas falsas".

Según la FAPE, los periodistas marroquíes denuncian "una caza de brujas para intentar controlar el clima de descontento provocado por los abusos y la corrupción en una zona especialmente deprimida". "La crisis económica y el olvido histórico del Rif por parte del Gobierno han creado una situación difícil. Las familias consiguen sobrevivir con las remesas de dinero que les envían los familiares en el extranjero o con las migajas que dejan las mafias de la droga y la inmigración", ha recalcado.

En este sentido, ha detallado que el último periodista en ser detenido es Mohammed El-Hilali, redactor del periódico digital Rif Presse. El-Hilali ha sido privado de libertad a la espera de un juicio en el que se le imputa un delito de insultos a funcionarios públicos. Sus familiares señalan como detonante su aparición en un reportaje del Canal 24 horas de TVE en el que contaba la situación socioeconómica de la comarca rifeña.

Finalmente, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y los colectivos que agrupan a los periodistas en Andalucía reclaman mayor presión por parte de los gobiernos de la Unión Europea y los organismos internacionales para que se garanticen los Derechos Humanos.