La FAPE pide al Gobierno "máximo rigor" en sus medidas para medios para salvaguardar el derecho a la información veraz

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha pedido al Gobierno que las medidas que tienen que ver con la transparencia, la pluralidad de los medios, el sistema de financiación y la independencia de los periodistas en el ejercicio de su trabajo se apliquen con "rigor para salvaguardar el derecho a la información veraz, que recoge el artículo 20 de la Constitución Española, un pilar fundamental para garantizar la democracia y el Estado de Derecho".

Así lo ha indicado la FAPE tras la aprobación del Plan de Acción por la Democracia por parte del Consejo de Ministros, que incluye tres ejes de actuación.

La FAPE espera que "el camino que se inicia con la aplicación" del nuevo Reglamento de Libertad de Medios de Comunicación "consiga frenar el avance de la desinformación y permita fortalecer un periodismo basado en códigos éticos y deontológicos, regido por el principio de veracidad, independientemente de la línea editorial del medio".

Para la organización, es "importante destacar la intención del Ejecutivo de establecer unos criterios que definan qué es un medio de comunicación, en un marco jurídico y formativo que garantice tanto el acceso a la información veraz de la ciudadanía como las condiciones en las que desarrollan su labor los profesionales de estos medios".

En este sentido, la FAPE apoya la reforma de la Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación, que incluyan sistemas de medición de audiencia como parámetro objetivo en la concesión de ayudas públicas, a través de inversiones vía publicidad.

"Estos criterios redundarán, sin duda, en un reparto más transparente, justo y proporcional de las inversiones públicas, favoreciendo la pluralidad a la que tienen derecho los ciudadanos", ha defendido.

También valora de forma positiva el impulso de una ley de secreto profesional de los periodistas "como garantía jurídica" para la protección de fuentes y recuerda que, como organización nacional más representativa de los profesionales de la información, ha de formar parte de la comisión de expertos que debe abordar las reformas, incluyendo las leyes orgánicas de derecho al honor, derecho de rectificación o la denominada 'Ley Mordaza' que sanciona el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ser normas jurídicas que afectan directamente a periodistas y medios de comunicación.

"La Federación velará en todo momento para que no se produzcan cortapisas al libre ejercicio del periodismo en nuestro país", ha zanjado la organización que preside Miguel Ángel Noceda.

Tras su habitual reunión de Consejo de Ministros, el Gobierno ha presentado una serie de medidas que incluyen la creación de un registro de medios de comunicación con información sobre su propiedad e inversión publicitaria que reciben que llevará a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la obligación de que las administraciones públicas publiquen anualmente su inversión publicitaria.

Además, prevé la reforma de Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación; así como para garantizar sistemas de medición de audiencia con principios de transparencia e imparcialidad.

El impulso de la Ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes y de la Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación son otras de las iniciativas.

También reformará los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos; y las leyes orgánicas del Derecho al Honor y del Derecho de Rectificación.

Por último, pondrá límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación para que no haya medios impulsados por o dependientes de estas administraciones.