MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha alertado de que con la reforma de la Ley del Aborto planteada por el Gobierno no van a descender el número de interrupciones voluntarias del embarazo, sino que se va a "condenar" a las mujeres a realizar prácticas clandestinas para frenar su gestación.
En rueda de prensa en la sede del PSOE de Madrid, tras reunirse con la cúpula socialista en materia de Igualdad, para buscar una estrategia contra la aprobación de esta normativa, Besteiro ha destacado también el descenso del 6 por ciento en el número de abortos de 2012, según datos conocidos este lunes.
En su opinión, con este dato se demuestra que la vigente normativa, que el PP quiere derogar, respeta el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su propia maternidad, además de comprender medidas necesarias en materia de salud sexual y reproductiva para prevenir los embarazos no deseados.
Así, ha puesto como ejemplo de Holanda, legislaciones más permisivas a la hora de IVE pero acompañada de una adecuada estrategia de salud sexual y reproductivas, siendo uno de los países en el que menor número de abortos se produce.
"Esto nos pone de manifiesto que íbamos por el buen camino y que si lo que se desea es evitar el número de interrupciones voluntarias del embarazo hay que compaginar ambas estrategias. No por más restrictiva que sea una ley, no por más prohibitiva, se descienden el número de abortos, sino que se condena a las mujeres al aborto clandestino", ha insistido.
En este punto, ha subrayado que en torno a 100.000 mujeres que en 2012 decidieron interrumpir de forma voluntaria el embarazo, con esta nueva ley de Ruiz-Gallardón serían "condenadas a la clandestinidad y al turismo abortivo".
"Aquellas mujeres que tengan dinero podrán acudir al extranjero para practicar su interrupción voluntaria del embarazo de la manera más adecuada y segura y sin embargo las mujeres que no puedan hacerlo por falta de medios económicos tendrán que hacerlo en España acudiendo a la clandestinidad, poniendo en peligro su vida e integridad", ha remarcado.
UNA LEY "TORPE Y DISUASORIA"
Por su parte, el director de la Clínica Dator, Diego Fernández, ha alertado de que la reforma de la ley es "disuasoria" porque genera "obstáculos" para una mujer que desee abortar. Según ha avisado, costará entre tres y cuatro semanas interrumpir el embarazo de forma voluntaria desde el momento en el que solicita hasta la operación.
"Imaginen el riesgo que se acumula porque no es lo mismo hacer una intervención de 10 semanas, que de 14. Es una ley que pretende que prácticamente las que tengan medios viajen y las que no tendrán que recurrir al aborto clandestino", ha lamentado.
Igualmente, sostiene que es una ley "torpe" porque no va a disminuir el número de interrupciones de embarazos y sí va a aumentar la tasa de sufrimiento de las mujeres que van a tener que recurrir al aborto ilegal.
A su vez, considera que es una ley "más restrictiva" que la de 1985 porque retira la capacidad de autonomía de la mujer, y su capacidad de decisión. "Ahora va a estar tutelada por una persona ajena a sus sentimientos, a sus convicciones y vivencias más íntimas", ha concluido.
Andalucía
