Feministas y provida aplauden que el Comité de Bioética quiera prohibir la gestación subrogada a nivel internacional

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones feministas y 'provida' han mostrado su satisfacción por que el Comité de Bioética de España (CBE) proponga promover a nivel internacional un marco común regulatorio que prohíba la celebración de contratos de gestación "en garantía de la dignidad de la mujer y del niño", en el 'Informe sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada', que analiza los aspectos éticos y jurídicos de esta práctica.

En concreto, desde el Foro Español de la Familia, el presidente Mariano Calabuig ha asegurado en declaraciones a Europa Press que le parece "muy bien" y "correcto" la propuesta del Comité de Bioética de España porque es un proceso de gestación "donde la dignidad de la mujer se echa por los suelos".

Calabuig ha argumentado además que "una gestación en la que hay un contrato mercantil, que siempre lo hay aunque digan que no", le parece "mal". "A parte de que tampoco se le pregunta a la criatura que viene dentro si el proceso le vale o no", ha remachado.

El CBE también reclama "dotar de verdadera eficacia legal a la nulidad de esos contratos, de manera que resulte aplicable también a los celebrados en el extranjero, para lo que podría considerarse la posibilidad, entre otras medidas legales, de sancionar a las agencias que se dedicaran a esta actividad".

Respecto a esta posibilidad, el presidente del Foro Español de la Familia ha declarado que "si hay leyes que deben de cumplirse y hay unos que no las cumplen, evidentemente algún tipo de sanción tendrá". "La que sea, económica, civil... la que sea", ha subrayado, para después añadir que no puede valorar qué tipo de sanción debería imponerse.

En este sentido, la presidenta de No Somos Vasijas, Alicia Miyares, se ha mostrado a favor de la postura del Comité. "Me parece perfecta", ha asegurado la activista, para después añadir: "¿Cómo es posible que en un país, donde se declara nulo de pleno derecho esta práctica, se permita a agencias de intermediación con sede jurídica y empresarial en España realizar esta acción. No deberían poder operar en este país con la normativa en la mano", ha destacado.

Así, la valoración del documento por parte de Miyares es "altamente positiva" porque "de alguna manera, viene a dar la razón a la plataforma No Somos Vasijas y a la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres en más de un sentido".

VULNERACIÓN DE DERECHOS

"Viene a dar la razón en términos morales en el sentido de que el informe claramente expresa cómo no es posible jugar con la maternidad, con las mujeres embarazadas para utilizarlas como medios. Y, sobre todo y más importante aún, viene a dar la razón en términos jurídicos porque supone una vulneración evidente de los derechos de la mujer embarazada y del menor", ha añadido.

Para la presidenta de No Somos Vasijas, "la parte más notable del informe es que aboga por que, en el marco del Derecho Internacional y Comparado, haya una posición unánime en contra de esta práctica". "Viene a decir, aunque ellos no lo expresan, que si vivimos en sociedades democráticas no podemos aceptar que cada país legisle de manera arbitraria algo que va en contra de la integridad física y psicológica de las personas", ha apostillado.

"A parte de la consideraciones de salud o fisiológicas, lo importante es la demanda de que haya un pronunciamiento unánime en contra de esta práctica porque vulnera derechos fundamentales de las personas y porque moralmente no es aceptable que se pueda utilizar a las personas como medio para satisfacer deseos de terceras personas", ha indicado Miyares, para concluir que "no son lo mismo, deseos que derechos".

Por su parte, la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha explicado a Europa Press que la organización comparte la postura del Comité de Bioética Español en relación con la gestación subrogada ya que considera "que esta práctica supone la utilización de la mujer como un objeto de negocio y un objeto de consumo".

"Además supone el sometimiento a una especie de esclavitud por parte de aquellos que han hecho el encargo, el contrato de que la mujer conciba, lleve a cabo el embarazo de ese hijo. Deseamos que el Gobierno lleve a cabo o tenga en cuenta muy seriamente estás recomendaciones", ha concluido Joya.