Fundación Artemisan alerta de que la Ley de Derechos de los Animales no es compatible con algunas modalidades de caza

   MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Fundación Artemisan ha alertado de que el proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales podría no ser compatible con modalidades de caza de fauna silvestre, como la perdiz de reclamo o reclamos de acuáticos, ya que el artículo 32 del proyecto prohíbe la tenencia, crianza y comercialización con animales de fauna silvestre en cautividad que no estén incluidos en el listado de animales de compañía.

   Por ello, advierte de que con la iniciativa legislativa las granjas cinegéticas "podrían estar abocadas a la desaparición", lo que pone en peligro tanto a la actividad económica como a "miles de familias" afectadas por la prohibición de circos y venta de animales en tiendas.

   Además, la norma prohíbe el tiro al pichón que es una modalidad de caza y avisa de la "difícil" situación en la que quedaría la supervivencia de las rehalas, reconocidas recientemente como Bien de Interés Cultural en Andalucía y Extremadura.

   Por otro lado, califica de "desmesurada e injustificada" la protección de colonias felina, una postura contraria al criterio científico y a las organizaciones ecologistas por lo que advierte de los "graves problemas" que estas van a generar dados los "numerosos" estudios que alertan de las "graves" consecuencias que provocan los gatos a las especies cinegéticas y no cinegéticas, tanto en la mortalidad de los aves y otras especies, como por la transmisión, a especies protegidas y en recuperación, como el lince ibérico, de enfermedades.

   Por consiguiente, también denuncia el "incumplimiento" y "falta de transparencia" del Gobierno por someter el anteproyecto de Ley a dictamen del Consejo de Estado para su tramitación.

   Finalmente, a su juicio esta norma supone una "amenaza" para la caza y un "sin sentido", además de ser una muestra de desprecio hacia los sectores, por lo que Fundación Artemisan ve "incomprensible" que el Gobierno haya dado el visto bueno al proyecto normativo "a espaldas" de los sectores afectados, los habitantes del mundo rural y expertos.