Gabilondo reclama "decisiones urgentes" ante el "volumen" de migrantes no expulsados por el cierre de fronteras

   Advierte de que de los más de 5.200 extranjeros llegados en patera a Almería en 2020 solo se pudo internar a un 0,8%

   MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo ha reclamado "decisiones urgentes" para poner solución al "volumen" de personas migrantes que no pueden ser expulsados o devueltos a sus países como consecuencia del cierre de fronteras registrado como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

   Según recoge el Defensor en su Informe Anual, correspondiente a 2021, en dicho año el número de las personas interceptadas mientras intentaban acceder irregularmente a territorio nacional ha sido "muy similar al del año anterior" y se ha mantenido "la situación sanitaria provocada por la pandemia".

   Esto, ha advertido la Institución, "ha vuelto a suponer que la Policía Nacional no haya podido materializar un buen número de expulsiones o devoluciones pendientes de ejecución".

   Y, en este sentido, destaca dos cuestiones como las que más le preocupan y que son "la necesidad de adaptar los protocolos de atención de emergencias a grandes contingentes, en un contexto sanitario que lleva aparejado el cierre de fronteras" y "la necesidad de tomar decisiones urgentes ante el volumen de personas que, por motivos muy diversos, no son expulsadas o devueltas a sus países de origen".

   Como ejemplo de la situación, el Defensor destaca las cifras que, según datos de la Fiscalía General del Estado, se contabilizan en Almería: de las 5.284 personas que llegaron en patera a esta provincia en 2020, la Policía tan solo ha internado a 47 personas. Es decir, el 0,8% del total.

   En el informe, se recoge que la directiva de retorno permite la adopción de medidas que, según lamenta el Defensor "aún no se han puesto en marcha".

SALIR DE LA SITUACIÓN DE PRECARIEDAD

   Así, según ha explicado, se reconoce que se ha de abordar la situación de los nacionales de terceros países que están en situación irregular, y no pueden ser expulsados; y se establece que los Estados miembros han de definir sus condiciones básicas de subsistencia según la legislación nacional y, además, para que el extranjero pueda demostrar su situación concreta en el caso de controles o verificaciones administrativas, es preciso proporcionarles una confirmación escrita de su situación.

   "Se establece también que los Estados velarán por que, durante los períodos de aplazamiento de la expulsión, se tengan en cuenta determinados principios y, entre ellos, el mantenimiento de la unidad familiar con los miembros presentes en su territorio", ha apuntado también el Defensor en el Informe.

   Del mismo modo, recuerda que se insta a los Estados miembros a que proporcionen a los interesados confirmación escrita, de acuerdo con la legislación nacional, de que se ha prorrogado el plazo para la salida voluntaria o de que la decisión de retorno no se ejecutará temporalmente.

   El Defensor del Pueblo insiste en el documento, recogido por Europa Press, en que aunque estas medidas es "obvio que no solucionan el problema en su conjunto", sí que "contribuirían a que las personas afectadas por decisiones de retorno no ejecutables salgan de las situaciones de precariedad y marginalidad en las que con frecuencia se encuentran".

MUJERES Y MENORES

   El Defensor se refiere, además, de forma específica a las mujeres que llegan acompañadas de bebés o menores de corta edad. En este sentido, ha indicado que constituyen un buen ejemplo de esta situación de invisibilidad y, por tanto, de vulneración de derechos que supone la situación irregular de las personas que no son expulsadas o devueltas a sus países.

   Según ha apuntado, en las visitas no anunciadas realizadas a Canarias, en abril y en noviembre de 2021, se comprobó "la necesidad de mejorar la coordinación entre los distintos organismos con competencias en la materia".

   A su juicio, "los centros del sistema de acogida humanitaria siguen sin estar preparados para la detección e identificación temprana de las necesidades de estos niños y niñas" y "se siguen observando importantes carencias en los protocolos con enfoque de género e infancia que deberían llevarse a cabo en la acogida humanitaria".

   Al respecto de esta cuestión, el Defensor se refiere a los datos facilitados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras,

   en 2021, que determinan que el año pasado llegaron 986 menores acompañados a las costas del país.