BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Inmigración de la Generalitat catalana, Oriol Amorós, aseguró que "con datos en la mano" los problemas del Servicio Sanitario no se pueden atribuir al uso que hace del mismo la población inmigrante, y esgrimió que, según estudios del Departamento de Salud, el coste sanitario que genera un inmigrante es la mitad del coste medio de los catalanes.
En un desayuno organizado por 'Feedback Today' en el que participaron representantes del mundo sanitario, Amorós (ERC) afirmó que la sostenibilidad del sistema sanitario tiene mucho más que ver con la naturaleza del propio sistema que no con la inmigración, puesto que "por estructura de edad y muchas veces por desconocimiento del sistema, tiene un consumo sanitario mucho menor que los demás".
Aun así, el secretario de Inmigración de la Generalitat catalana rechazó que se hagan balances sobre la repercusión del colectivo inmigrante en el Servicio Sanitario porque, a su entender, suponen que "todavía no nos consideramos una sociedad conjunta".
Amorós defendió la prestación de servicios públicos a los recién llegados en base a "dos activos intangibles" como el deseo ético de tener cobertura universal, y la repercusión que estos servicios tienen en la integración y el sentimiento de pertinencia de los inmigrantes.
Aseguró que el proceso de transformación demográfica que ha vivido Cataluña ha sido "impresionante", y reivindicó que sin las facilidades para acceder a los servicios públicos no se podría haber llevado a cabo tan rápidamente y sin grandes conflictos.
En el coloquio participaron también representantes del mundo sanitario, como la Directora de la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad, Salud, Consumo y Alimentación, Carme Sabater, el Director General de Gestión del Consorcio de Salud y Social de Cataluña, Ramon Cunillera, y la Secretaria General Adjunto de Médicos de Cataluña, Lourdes Alonso.
Los participantes en el desayuno, que coincidieron con Amorós en señalar que el problema del Sistema Sanitario no es la inmigración, debatieron sobre la sostenibilidad futura del sistema y reivindicaron se tengan en cuenta los recursos disponibles "para no crear falsas expectativas".
Respecto a la situación que se vive en Vic, Amorós, reiteró que el dictamen de la Abogacía del Estado que avala la obligación de inscribir a inmigrantes sin visado "no es nada nuevo porque las leyes son muy claras", y recordó que el padrón debe ser un reflejo de la realidad para poder gestionar mejor los servicios públicos para el conjunto de los ciudadanos.