El Gobierno anula la discriminación por sexo en los seguros de coche en la ley de Igualdad de Trato

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ley de Igualdad de Trato aprobada por el Consejo de Ministros incluye la prohibición de que las aseguradoras tengan en cuenta el sexo del conductor para el cálculo del precio del seguros por considerar que ello constituye una discriminación. Actualmente, la mujeres suelen pagar primas inferiores a los hombres de su edad porque las estadísticas demuestran que tienen menos riesgo de accidente.

"Respecto a la contratación de seguros, en ningún caso el sexo podrá constituir un factor que determine diferencia de trato en las primas y prestaciones de las personas aseguradas", según señala el proyecto de Ley de Igualdad de Trato.

Con la introducción de este epígrafe en el proyecto de ley el ejecutivo da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) del pasado 1 de marzo, que estableció que no pueden existir diferencias de trato por razón de sexo. En ese sentencia, el TUE señalaba que la prohibición se aplicará a partir del 21 de diciembre de 2012.

En ese momento, diversos analistas opinaron que el dictamen abría la puerta a la subida de los seguros de coche para mujeres, que ahora pagan primas inferiores a los hombres de su edad porque las estadísticas demuestran que tienen menos riesgo de accidentes. En este sentido, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, advirtió de que la sentencia podía provocar un encarecimiento de los seguros, especialmente para las conductoras jóvenes.

La normativa europea prohíbe la discriminación por razón de sexo en el acceso a bienes y servicios y su suministro. No obstante, prevé una excepción que permite a los Estados miembros autorizar diferencias en función del sexo en las primas y prestaciones de seguros cuando éste constituya un factor determinante de la evaluación del riesgo y esto se fundamente en datos actuariales y estadísticos pertinentes y exactos.

Esta excepción es la que anuló en marzo el TUE a petición del Tribunal Constitucional de Bélgica, que recibió varias denuncias de la asociación de consumidores de su país y de dos particulares.