El Gobierno crea el comité de cooperación con las CC.AA especializado en luchar contra la desertificación

   MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno ha procedido a crear el Comité de Lucha contra la Desertificación, previsto en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación presentada en 2022, que se encargará de la cooperación, la consulta y la colaboración entre las administraciones públicas para la aplicación coherente en el territorio nacional de las políticas de lucha contra la desertificación y la degradación de las tierras, así como del intercambio de buenas prácticas en la implementación de políticas y acciones sobre estas materias.

   Así consta en el texto de un Real Decreto, publicado este miércoles en el BOE, y que entra en vigor este jueves con el que quiere reforzar la gobernanza de la lucha contra la desertificación en España.

   La norma modifica otra que regula las funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad --órgano consultivo y de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas-- para adscribirle este comité especializado, al que se le dota de una estructura organizativa específica.

   El nuevo comité estará compuesto por un representante de cada comunidad autónoma y de Ceuta y de Melilla, otro "del Ministerio de Medio Ambiente, y otro Medio Rural y Marino, designado por el Director General de Medio Natural y Política Forestal, que ejercerá su Presidencia". Asimismo, formarán parte de él tres representantes adicionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), procedentes de la Dirección General del Agua, la Dirección General de Políticas contra la Despoblación y la Oficina Española de Cambio Climático.

   A su vez, participarán tres representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), procedentes de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios y la Subdirección General de Planificación de Políticas Agrarias; y un representante del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

ASESORAR A LAS DELEGACIONES ESPAÑOLAS EN CUMBRES E INFORMAR NORMAS

   El decreto también atribuye al Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad --órgano de participación pública en el ámbito de la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad--, funciones relacionadas con la lucha contra la desertificación y la degradación de las tierras.

   A partir de ahora, se integrarán en el Consejo, con voz pero sin voto, un representante de cada comunidad autónoma, de Ceuta y Melilla y un representante de la administración local, además de la persona designada por España como corresponsal de ciencia y tecnología ante la Convención de Naciones Unidas (ONU) de Lucha contra la Desertificación.

   En lo que se refiere a sus funciones, el organismo se encargará también de informar las normas y planes de ámbito estatal relativos al patrimonio natural, la desertificación y la biodiversidad, hacer un seguimiento de los mismos y valorar la incidencia social, económica y ambiental de las políticas públicas.

   Además, asesorará de forma técnica y científica a las delegaciones españolas en organismos, conferencias y reuniones internacionales relacionados con la conservación del patrimonio natural, la desertificación y la biodiversidad cuando sea requerido para ello a través de su Presidente, por quien ostente la presidencia o jefatura de la delegación española.

   En este sentido, el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad también contribuirá al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los mismos y promoverá las directrices y recomendaciones realizadas por organismos internacionales, en particular, por la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África.

   Asimismo, impulsará la elaboración de informes periódicos de evaluación de los efectos de la aplicación de las diversas políticas y acciones con incidencia en la lucha contra la desertificación y la degradación de las tierras en España y proponer recomendaciones para mejorar su efectividad. Tal y como recoge la norma, esta evaluación incluirá el análisis de las sinergias y contrapartidas entre los objetivos de dichas políticas y acciones.

TRES AÑOS DESPUÉS

   La publicación de este Real Decreto responde a la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación presentada en 2022, que señala la necesidad de crear un órgano consultivo y de cooperación adscrito a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad que cuente con la participación de las comunidades autónomas y de los departamentos de la Administración General del Estado (AGE) implicados en la lucha contra la desertificación.

   Además, la estrategia pide la creación de un órgano consultivo y de apoyo a la AGE, así como de coordinación con la comunidad científica y la sociedad civil en materia de lucha contra la desertificación. Asimismo, prevé que este órgano cuente con representantes de las unidades competentes en la AGE, de la comunidad científica y de las principales organizaciones de la sociedad civil que lleven a cabo su trabajo en el ámbito de la desertificación.