MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2024 la medida de flexibilización que permite que los regantes españoles mantengan la posibilidad de cambiar de potencia eléctrica contratada en un plazo inferior a doce meses.
La medida está recogida en el Real Decreto-ley mediante el que se prorrogan varias medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo y se aprueban otras nuevas en materia fiscal energética y social publicado este jueves 27 de junio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Tal y como destaca el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la norma resulta "particularmente beneficiosa para los regantes al permitirles adaptarse a su patrón de consumo estacional sin coste". En sí, apunta a que la disminución de costes que implica esta medida repercutirá directamente en la agricultura de regadío que utiliza energía eléctrica.
Asimismo, este Real Decreto-ley recoge la prórroga del IVA al 0%, hasta el 30 de septiembre de la leche, el pan, las harinas, las frutas, las verduras hortalizas, las legumbres, los cereales, los quesos y los huevos, a los que se suma también el aceite de oliva. De esta manera, del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, el IVA de esos productos pasará al 2%. Asimismo, el resto de aceites de semillas y las pastas alimenticias mantendrán el IVA al 5% hasta que finalice septiembre, y a partir de octubre se situará en el 7,5%.
Por otro lado, el aceite de oliva pasará a formar parte de la cesta de alimentos básicos y, por tanto, se gravará a partir de ahora con un tipo IVA superreducido y se situará en el 4% cuando se reestablezcan los tipos normales. Además, el Real Decreto-ley incluye una reducción del 80 % por ciento de los peajes soportados por los consumidores electrointensivos.
REGANTES Y AGRICULTORES PIDEN QUE LA MEDIDA SEA PERMANENTE
Por su parte, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos han vuelto a solicitar al Ejecutivo que la medida tenga un carácter permanente.
Así, por un lado, Fenacore opina que si la norma fuese permanente, esta tendría un efecto "movilizador e impulsor" definitivo para que el proceso de modernización de los regadíos siga avanzando y consolide a España como la primera potencia mundial en regadíos modernizados.
Como medidas complementarias para abaratar la factura energética de los agricultores de regadío, Fenacore ha propuesto la aplicación de un IVA reducido a las Comunidades de Regantes en los suministros de energía, igual que se aplica ya a los regadíos en Italia. Además, la Federación ve necesario que se implante la posibilidad de vertido de excedentes en el mismo punto de autoconsumo y establecer lo que es conocido como Balance Neto en las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo de uso agrícola de regadío, donde hay muchos meses sin consumo.
UNA "EXCUSA" PARA NO CUMPLIR CON LA SENTENCIA DEL SUPREMO
De esta manera, Fenacore afirma que se pueden compensar los excedentes, tal y como recogieron desde la organización en la carta que la Federación remitió a los partidos políticos españoles que concurrieron a las elecciones europeas. En el texto, también sugerían aligerar las trabas burocráticas y reformar el marco normativo para garantizar la seguridad alimentaria. Según el presidente de la organización, Juan Valero de Palma, convertir la medida en definitiva "supondría un mensaje claro y rotundo de apoyo a los agricultores y un empujón para continuar modernizando los regadíos".
Por otro, Unión de Uniones ha criticado el "empecinamiento" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en no regular de forma permanente una modalidad de contrato eléctrico para regadío con dos potencias diferentes a lo largo del año, "tal y como le obliga la Ley y como ha sentenciado el Tribunal Supremo". Según señala la organización, la prórroga es un "parche" que Transición Ecológica utiliza como "excusa" para no hacerlo.
Según ha recordado la organización, denunció a MITECO por incumplimiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, que disponía que el Gobierno debería haber regulado en el primer semestre de ese año una modalidad de contratación para el regadío que permitiera contar con dos potencias diferentes a lo largo del año para evitar los costes fijos del contrato fuera de las temporadas de riego.
Ante ese incumplimiento de la norma, Unión de Uniones presentó contencioso administrativo ante el Supremo, que condenó a MITECO en marzo de 2023 a poner en marcha dicho contrato en un período de seis meses. Tal y como han recogido los agricultores y ganaderos, esta sentencia "de momento tampoco ha sido llevada a cabo". Por ello, presentaron en noviembre de 2024 una demanda de ejecución de sentencia que aún sigue pendiente de resolución.
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