Greenpeace pide a Agricultura que defienda a las pequeñas explotaciones en la futura ley de agricultura familiar

   La ONG ha reclamado que se cumplan los plazos para aprobar la ley y para mantener un debate entre las organizaciones del sector

   MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Greenpeace ha demandado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que defienda a las pequeñas explotaciones agrarias frente a la agroindustria en la futura ley de agricultura familiar. Lo ha hecho a través de una carta y de un documento adjunto que la directora ejecutiva de la organización, Eva Saldaña, ha entregado en el ministerio a la atención de Planas.

   En ambos documentos, la ONG ecologista ha propuesto que se cree un banco público de tierras de tal forma que las personas que tengan parcelas agrarias improductivas o baldías puedan incluir sus propiedades en una base estatal. El Estado, a través de las Comunidades Autónomas, se encargaría de supervisar que las tierras baldías o improductivas estén en este banco.

   Con esta medida, se regularía el mercado de tierras y de los precios de la misma, así como el control de su uso para evitar la especulación. De acuerdo con Greenpeace, las personas físicas tendrían prioridad y se establecería un techo de superficie por comprador según los cultivos para evitar la concentración y el acaparamiento de la tierra en manos de unos pocos.

   A su vez, la organización ha reclamado que se fortalezca la asistencia técnica y la capacitación con la figura del extensionista agroecológico. En su opinión, es esencial que los productores familiares reciban formación y apoyo técnico continuo en áreas como prácticas agrícolas sostenibles de base agroecológica, que mejoren sus suelos y biodiversidad, con el fin de mejorar su competitividad y resiliencia.

   Por otra parte, la ONG ha pedido que se fomenten mecanismos que faciliten la venta directa de los productos de los agricultores familiares y sociales, como la promoción de mercados locales, así como otras herramientas que permitan la venta directa, eliminando intermediarios.

   Asimismo, ha solicitado que se impulse la contratación pública para crear un mercado estable y sostenible para los productos provenientes de la agricultura familiar y social, de cercanía, de temporada y ecológicos. Para ello, habría que asegurarse de que los agricultores familiares y sociales pudiesen optar a la licitaciones de contratos públicos para comedores de colegios, hospitales y residencias, y otros comedores de espacios públicos para garantizar una demanda constante de productos locales, de temporada y ecológicos provenientes de la agricultura familiar y social.

   A lo largo del texto, Greenpeace también ha recalcado la necesidad de que se ponga en marcha una ley que contemple incentivos para aquellos agricultores familiares que implementen prácticas agroecológicas que contribuyan a la conservación y mejora de los recursos naturales y la biodiversidad, como el uso eficiente del agua, la preservación y la mejora de la calidad y estructura del suelo, o el fomento de la agrobiodiversidad.

PREOCUPACIÓN POR EL "INCUMPLIMIENTO" DE LOS PLAZOS

   Asimismo, ha expresado su preocupación por el incumplimiento de plazos en la puesta en marcha de esta ley, "promesa del actual Gobierno", y del proceso de debate con las organizaciones del sector, "prometido para el pasado mes de septiembre". En este sentido, ha exigido un proceso participativo real y un debate amplio entre las organizaciones agrarias, sociales y ecologistas y que no se retrase una ley necesaria para la supervivencia de la agricultura familiar y social.

   Según la directora ejecutiva de Greenpeace, la pequeña agricultura corre grave peligro sin medidas urgentes. En su opinión, es hora de actuar y poner en marcha una normativa que la respalde de manera efectiva y frenar acuerdos comerciales "tóxicos", como el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, "que están hechos a la medida de la agroindustria".

   Por su lado, la responsable de sistemas alimentarios sostenibles de Greenpeace España, Helena Moreno, ha pedido al ministro que ejerza "un mayor liderazgo" en la defensa de los intereses de la pequeña agricultura y que se cumpla el compromiso adquirido con plazos claros para el proceso de participación pública y la aprobación de la ley.

UNA RÉPLICA DE UNA PIEZA DE MUSEO COMO MÉTODO DE DENUNCIA

   Por otro lado, Saldaña también le ha hecho llegar al ministro una réplica de una de las piezas de museo que la semana pasada activistas de Greenpeace introdujeron en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid), el Museo de la Evolución Humana (Burgos), el Museo de Almería y el Museo Arqueológico de Murcia. Con esta acción, la organización ha querido alertar del riesgo de desaparición de la agricultura familiar y social si no se toman medidas urgentes para apoyarles.

   De acuerdo con Greenpeace, la presión de los fondos de inversión y la agroindustria, el desigual reparto de la Política Agraria Común (PAC) o la "asfixia" a la que son sometidas las pequeñas explotaciones por parte de las cadenas de distribución son algunos de los problemas que amenazan la supervivencia de esta actividad.

   A ellos se les suma ahora el acuerdo entre Mercosur y la UE, que en opinión de la ONG podría agravar aún más la situación de la agricultura familiar ya que podría facilitar la entrada de productos importados que compiten en condiciones desiguales. Además, la organización defiende que este acuerdo supone una amenaza a la biodiversidad, al promover prácticas agrícolas insostenibles y acelerar la deforestación en áreas clave.