HazteOir.org presenta un recurso ante el juez contra la revocación de utilidad pública

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación HazteOir.org ha presentado un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio del Interior que revocaba su declaración de Utilidad Pública.

"HazteOir.org está siendo víctima de una persecución ideológica por parte del Gobierno de Pedro Sánchez contra la asociación que se atrevió a disentir de lo políticamente correcto. El Gobierno ha pisoteado derechos básicos, como el de la libertad ideológica o la libertad de expresión. Por este motivo hemos presentado este recurso", ha afirmado el presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga.

En el recurso señalan que se les revoca la utilidad pública "no por causa de los fines de la asociación o por el conjunto de las actividades que llevaron a cabo en 2017" sino por "una sola campaña realizada en el año 2017, la del #HOBus con el lema 'Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva'".

"¿Lo que le molesta al Gobierno es que denunciemos que los activistas de algunas asociaciones LGTBI se están introduciendo en las aulas para adoctrinar a nuestros hijos al amparo de las leyes que los políticos han aprobado?", se pregunta Arsuaga, al tiempo que precisa que no les van a "callar con amenazas ni con presiones".

El recurso solicita además la suspensión cautelar de la ejecución de la resolución pues, según señalan, al perder la condición de Utilidad Pública, los socios y colaboradores pierden el beneficio fiscal del que disfrutaban al realizar aportaciones a la asociación. "Esta circunstancia, con toda probabilidad, incidirá en una disminución del número de socios y donantes", explica Arsuaga.

Por otra parte, en el recurso señalan que el hecho de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, firmara personalmente la resolución contra HazteOir.org "convierte automáticamente en nula la decisión gubernamental dado que esta actuación se llevó a cabo sin aportar ninguna motivación".

"Creo que la decisión del Gobierno de Sánchez podría calificarse como un comportamiento constitutivo de un delito de odio, ya que se utiliza políticamente la administración del Estado para perseguir y acallar a los que el gobierno considera disidentes, promoviendo su exclusión social", insiste Arsuaga.