La Iglesia ha formado a 400.000 personas, 280.000 de ellos menores, para la prevención de abusos en 2022 y 2023

El portavoz de los obispos asegura que hay "una doble garantía" para indemnizar a las víctimas y pide un "compromiso" a toda la sociedad

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La Iglesia católica española, a través de sus oficinas para la protección al menor, ha dado formación en prevención de abusos a 400.000 personas, 280.000 de ellas menores --en colegios, para que sepan identificar los abusos y denunciar--, en los dos últimos años, entre 2022 y 2023.

"Son 400.000 personas que han recibido ya formación para la prevención en las diócesis y en el ámbito de la vida consagrada y esto se ha hecho en los dos últimos años y de ellos eran menores unos 280.000", ha explicado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán.

Así lo ha indicado este viernes en la rueda de prensa posterior a la 126 Asamblea Plenaria de la CEE, que ha reunido esta semana en Madrid a todos los obispos de España.

Durante la reunión, según ha explicado, el servicio de coordinación y asesoramiento a las Oficinas de protección al menor ha informado a los obispos sobre el trabajo que realizan en la actualidad en áreas como la formación, el asesoramiento al trabajo puntual de las oficinas y la asistencia jurídica.

Por otro lado, preguntado por el fondo de compensación que plantea el Defensor del Pueblo en su informe, que presentó este jueves ante el Pleno del Congreso de los Diputados, García Magán ha asegurado que "ya se están haciendo todas las indemnizaciones" y que en "los casos que van por vía judicial sea civil sea canónica", le "consta que hay diócesis y hay instituciones e institutos de vida consagrada que ya han pagado y han dado lo que ha determinado el juez".

Además, ha destacado que desde la Iglesia han abierto "otra vía" para aquellos casos "que no tienen un recorrido judicial o bien sin sentencia judicial", en los que se ha llegado a "un acuerdo extrajudicial", para hacer una "reparación integral" a las víctimas.

"QUIEN QUIERA ESA REPARACIÓN ECONÓMICA, LA TENDRÁ"

"Es decir, queremos hacer un tratamiento personalizado a lo que cada víctima demande y quien quiera un acompañamiento psicológico ofrecérselo, quien necesite un tratamiento médico psiquiátrico, ofrecérselo, quien quiera también, respetando la libertad de cada uno, un acompañamiento espiritual lo tendrá y, por supuesto, quien quiera esa reparación económica también la tendrá", ha subrayado.

De esta forma, según ha afirmado, en los casos que no pueden seguir por la vía judicial, bien porque ha habido una prescripción civil o bien porque el victimario ha muerto, "entonces ahí se garantiza esa reparación, esa indemnización".

En concreto, ha puntualizado que la compensación económica correría a cargo de "la diócesis la que pertenecía" el agresor o del "instituto religioso al que pertenecía" y se garantiza que, "en caso de que la diócesis o el instituto religioso no pudiera hacer frente a esas reparaciones, como segunda instancia, estaría la Conferencia Episcopal o la Conferencia Española de Religiosos (CONFER). "O sea que hay, si me permiten ustedes la expresión, una doble garantía de que eso se da", ha insistido.

Además, sobre las recomendaciones del informe de Gabilondo, García Magán ha defendido que la Iglesia "como el propio Defensor del Pueblo reconoció en su intervención" de este jueves, "ha dado muchos pasos" y ha asegurado que ya tienen "vigentes" algunas de sus recomendaciones.

Por ejemplo, ha explicado que en la asamblea plenaria extraordinaria de julio se creó la Comisión de Asesoramiento para la reparación de víctimas. Precisamente, en la reunión de estos días, los obispos han recibido la información del trabajo realizado y han conocido la guía para la solicitud a la comisión asesora que impulsa el PRIVA y el formulario de solicitud a la Comisión Asesora de reparación integral.

"A LO MEJOR HEMOS LLEGADO TARDE"

"La Iglesia ha hecho un camino, a lo mejor hemos llegado tarde pero hemos hecho un camino que otros todavía no han iniciado", ha defendido, al tiempo que ha advertido de que "el tema de los abusos a menores es un problema social" y ha abogado por "buscar una regeneración en todos los ámbitos de la vida social". "Todos debemos hacer un compromiso por luchar contra ese problema y erradicar esa lacra", ha apuntado.

Preguntado por la prescripción de los delitos de abuso sexual a menores, el portavoz de los obispos ha explicado que "la ley canónica ya prevé" que "se levante la prescripción para estos casos". "Nosotros no decimos al Estado si tiene que levantar la prescripción o no. Tampoco el Estado nos tiene que decir a la Iglesia si levantamos la prescripción o no", ha precisado.

Sobre la apertura de los archivos de la Iglesia, ha asegurado que las distintas diócesis han "colaborado" y "facilitado la información que había" en las distintas investigaciones sobre abusos.

Durante la reunión de esta semana, los obispos también han dialogado sobre el documento final del plan de puesta en marcha de los criterios para la reforma de los seminarios de España y sobre la propuesta para reestructuración de los institutos teológicos e institutos superiores de ciencias religiosas, para lo que han aprobado la creación de una comisión episcopal 'ad hoc'.

García Magán ha indicado que "si hay una reagrupación de seminarios, una redistribución, eso tiene sus consecuencias" y ha puesto como ejemplo, el problema de la "escasez de alumnos" y la viabilidad o no de mantener un claustro de profesores si no hay estudiantes. "Habrá que ver, hay realidades distintas", ha concretado García Magán, añadiendo que hay una "reflexión abierta".

Entre otros asuntos, durante la Plenaria, los obispos también han abordado el proyecto 'Hospitalidad Atlántica' para ayudar a las personas migrantes; el proyecto marco de pastoral juvenil; o el Jubileo 2025, que el Papa Francisco abrirá oficialmente el próximo 24 de diciembre.