MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ha determinado que hubo "engaño" por parte del empresario Raffaele Mincione en la venta del inmueble de lujo en Londres, un edificio que fue comprado por la Santa Sede con dinero del Óbolo de San Pedro --con donativos de los fieles-- y que llevó a un proceso judicial que terminó con la condena a cinco años y medio de cárcel al cardenal Angelo Becciu, y a cinco años y seis meses de prisión y a la confiscación de 200,5 millones de dólares al empresario Raffaele Mincione, según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.
En 2020, Mincione interpuso una demanda contra la Secretaría de Estado de la Santa Sede que dio inicio a un proceso civil en Londres. Mincione y sus empresas argumentaban que habían actuado de buena fe en la negociación y en ejecución de los contratos con la Secretaría de Estado.
"Sobre la base de los hechos que surgieron durante el juicio, los demandantes no cumplieron las normas de comunicación con el Estado (Secretaría de Estado) que podrían calificarse de conducta de buena fe", dice ahora el juez Robin Knowles.
En la sentencia de 50 páginas dictada hoy por el Tribunal, el juez denegó las declaraciones de buena fe solicitadas por los solicitantes y determinó, entre otras cosas, que Mincione había hecho afirmaciones engañosas a la Secretaría de Estado sobre el valor de la propiedad de Sloane Avenue 60.
Además, el Tribunal añade que "Mincione representaba a la parte vendedora de la operación, con interés en obtener un precio elevado". "Pero había un contexto particular en el asunto, incluida la relación de inversión del Estado con los demandantes. Su referencia a 275 millones de libras no se refería, en mi opinión, a un precio de venta. No se explayó sobre el significado de su valor durante las reuniones, y sin explicaciones lo que dijo no era franco y era engañoso", afirma el juez.
Asimismo, concluye que la Secretaría de Estado tenía motivos para estar "completamente decepcionada" de su experiencia con los demandantes pues "los recurrentes no hicieron ningún intento de proteger a la Secretaría de Estado de los malhechores fraudulentos". "No se preocuparon por la (Secretaría de Estado) y antepusieron sus propios intereses", precisa.