La Ley de la Ciencia da un paso más en el Senado para su aprobación definitiva

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado ha aprobado este martes el dictamen del proyecto de reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en los términos en los que se aprobó el pasado 23 de junio en el Congreso de los Diputados, para su debate en el pleno de la Cámara Alta la próxima semana, que aprobará el texto definitivamente, si no se introduce ningún cambio.

Durante la Comisión se han dado por defendidas las 141 enmiendas presentadas por los grupos al proyecto normativo, ninguna presentada por el Grupo Socialista.

En concreto, el Grupo Parlamentario Popular presentó 43 enmiendas en la Cámara Alta; el Grupo Mixto, del que forman parte Vox, el partido Independiente, el Partido Aragonés y UPN, ha presentado 36; y el Grupo Nacionalista (Junts, Coalición Canaria y Partido Nacionalista Canario), 31.

Asimismo, Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més Per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera) han registrado 17 enmiendas; EAJ-PNV, 8; Grupo Democrático (Ciudadanos, Teruel Exista y Partido Regionalista de Cantabria), 5; y Esquerra-EH Bildu, 1.

La ley fue aprobada en el Congreso de los Diputados por 261 votos a favor (PSOE, Podemos, PP, ERC y Cs) y 59 abstenciones (Vox, PNV, Junts, BNG y CUP).

INCREMENTO DE LA FINANCIACIÓN Y CREACIÓN DE LA AGENCIA ESPACIAL

Entre otras medidas, el texto garantiza una financiación de la I+D+i estable y creciente para acercarse a los países de la Unión Europea y alcanzar así el 1,25% del PIB en inversión pública para 2030. Por otro lado, la norma prevé la creación de la Agencia Española del Espacio, que se concretaría en un año tras la entrada en vigor de la ley.

La futura ley recoge un itinerario postdoctoral de "incorporación estable al sistema". Así, para los postdoctorales que quieran acceder al sistema, la duración del contrato será de entre 3 y 6 años, con prórrogas de, al menos, un año. Además, fija que las situaciones de "incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista", interrumpirán el cómputo del plazo límite de duración del contrato, así como de su evaluación.

Según este nuevo modelo de contrato, el personal investigador con contrato postdoctoral en universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación (OPI), fundaciones o consorcios públicos, podrá optar a una evaluación de la actividad investigadora a partir de la finalización del segundo año de contrato, con el objeto de conseguir la estabilización en el sistema, esto es, que tras haber superado dicha evaluación, el personal investigador obtendrá una certificación como "investigador establecido", que además conllevará mejoras salariales.

Además, aprobar esta prueba les eximirá de realizar partes de las pruebas para acceder al sistema público, y se les reservará un mínimo del 15% de la tasa de reposición para este tipo de contratos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades y del 25% en los OPI.

Para esta modalidad de contrato propone una indemnización por fin de contrato. En este caso, el investigador tendrá derecho a recibir "una indemnización de cuantía equivalente a la prevista para los contratos de duración determinada en el artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores".

Por otro lado, se incorpora un nuevo contrato indefinido para "todo tipo de personal de investigación" que realice actividades científico-técnicas. Este tipo de contratos podrán estar vinculados a la existencia de financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva asociada a los mismos durante su vigencia, pero "no formarán parte de la Oferta de Empleo Público".

Al igual que los postdoctorales, también reconoce el derecho a indemnización de los investigadores predoctorales, medida que además será retroactiva, a aplicar a aquellos que actualmente tienen contrato como aquellos contratados a partir de la entrada en vigor de la norma.