Más de 400 firmantes instan a CIDH a articular los mínimos para defender los derechos humanos en la "crisis climática"

   MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Más de 400 comunidades, pueblos y actores de la sociedad civil han pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que articule en su próxima Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos (DDHH) unos mínimos para "respetar y protegerlos" en el contexto de la "crisis climática", según ha informado Greenpeace México.

   Lo han hecho a través de la presentación ante la Corte de la 'Declaración de Manaos sobre los Derechos Humanos en la Emergencia Climática', que insta al organismo a aclarar las obligaciones de los Estados en materia de DDHH y a reforzar la responsabilidad de las empresas y actores financieros por su rol en la "crisis climática".

   Entre otras cuestiones, los 400 firmantes piden reconocer que en el contexto de la emergencia climática, la protección de todos los DDHH, "incluido el derecho a un ambiente sano, es exigible a todos los Estados". A su vez, instan al organismo a precisar que los Estados deben transitar hacia economías libres de fósiles "sin sacrificios de comunidades locales y evitar impactos ambientales incompatibles con los límites planetarios".

   Por esta parte, también solicitan a la Corte que garantice la información y participación pública, así como el derecho a la justicia climática, lo que a juicio de los firmantes incluye "condiciones jurídicas e institucionales para que las poblaciones impactadas por la crisis puedan acudir a los tribunales, así como la sensibilización y capacitación del poder judicial en asuntos climáticos".

   Asimismo, instan a proteger y facilitar la labor de las personas defensoras del ambiente y a garantizar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático que aseguren el disfrute de todos los derechos humanos, "especialmente para grupos vulnerables o históricamente discriminados".

   En esta misma línea, solicitan a la Corte que se asegure el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y tribales a través de la obtención de su consentimiento frente a las medidas que les afecten directamente, en el contexto de la crisis climática y la transición energética. Además, reclaman al organismo que garantice que las víctimas y sobrevivientes por daños climáticos tengan una reparación integral y justa y que las sentencias sobre asuntos climáticos dispongan de recursos financieros para su implementación.

   Tal y como ha señalado Greenpeace México, esta Declaración se basa en las audiencias públicas del proceso de la Opinión Consultiva de la CIDH, donde más de 150 participantes "impactados por la emergencia climática" dieron su testimonio. Estas audiencias tuvieron lugar en Bridgetown (Barbados) entre el 22-25 de abril de 2024, Brasilia (24 de mayo) y Manaos (25-29 de mayo), en Brasil.

   La abogada sénior del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL, por sus siglas en inglés), Luisa Gómez Betancur, ha destacado que la Declaración también urge a la Corte a "reforzar la obligación de los Estados de regular a los actores corporativos y garantizar que los responsables de las violaciones de derechos humanos relacionadas con la crisis climática asuman las consecuencias". "El que 'contamina debe pagar', dice el principio de derecho internacional", ha señalado.

   Por su parte, la abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Marcella Ribeiro, ha opinado que la decisión de la Corte "tiene el gran potencial de ayudar a superar el estancamiento político en las negociaciones internacionales sobre el clima". A su juicio, los estándares que fije la Corte "sentarán nuevos paradigmas para el acceso a la justicia en el contexto de la triple crisis planetaria, influenciando en casos pendientes y futuros, así como en leyes y políticas dentro y fuera del continente".