Mayor Oreja afirma que la reforma de la ley "está al servicio del proyecto ideológico" del Gobierno

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del Partido Popular, Jaime Mayor Oreja, manifestó hoy que la reforma de la ley del aborto que estudia el Gobierno "no está al servicio de la persona, sino al servicio de un proyecto ideológico de un Gobierno".

Durante la segunda jornada del II Encuentro de Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida, celebrada ayer y hoy en la Universidad CEU San Pablo, advirtió de que el ánimo del Ejecutivo es "seguir introduciendo en el relativismo moral en una sociedad como la nuestra", que calificó como "camino equivocado para hacer frente a la crisis económica". "Es el peor de los atajos", dijo.

Sobre la participación del PP en la manifestación del domingo en Madrid, auguró que asistirá "mucha gente y muchos dirigentes del PP", aunque añadió que "lo importante es que cada uno cumpla su obligación y que los partidos políticos están para hacer política y para defender valores". "No necesariamente tienen que estar en todas las concentraciones", aclaró.

En todo caso, aseguró que la defensa de la vida "está en la conciencia de muchos miembros del PP" y resaltó "la importancia de dignificar a la persona, y de hacerla el centro del interés político". "Parece que sólo miramos las medidas de orden técnico y casi nadie se da cuenta que del cambio de actitud de las personas se derivará la capacidad de asumir correctamente la crisis económica", agregó.

Precisamente, en el encuentro de Acción Mundial, en el que participan parlamentarios de 17 países diferentes, se encontraban, entre otros, los diputados del PP Lourdes Méndez y Eugenio Nasarre. Para Méndez, la aprobación de una ley de plazos "no es la solución". "un retroceso jurídico y moral sin precedentes".

Su propuesta es "ayudar a la mujer ante un embarazo no deseado" y que "se den alternativas" para que las mujeres "no vayan presionadas" a abortar. "El aborto es malo para la mujer", concluyó.

Por su parte, Nasarre apostó por una "protección jurídica eficaz de la vida y la mujer" al tiempo que alertó que una ley de plazos supondría "un retroceso jurídico y moral sin precedentes". "Es una obligación de todos proteger a los más débiles", dijo.