CASTELLÓN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Obispado de la Diócesis Segorbe-Castellón ha decretado la suspensión cautelar en todos sus cargos y en el ejercicio del orden sacerdotal del cura de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Vilafamés (Castellón), tras presuntamente hallar en el centro más de 21.000 archivos de contenido pedófilo, por lo que se le imputa un delito de distribución de pornografía infantil.
Asimismo, ha informado en un comunicado que "de ser cierta la imputación, es éste un hecho que nos duele profundamente, que lamentamos con sinceridad y que rechazamos sin paliativo alguno", pues --ha añadido-- se trata de "un grave delito, no sólo en el Derecho Penal del Estado, sino que también está considerado como un delito muy grave en el Derecho Canónico de la Iglesia, reservado por ello a la Congregación para la Doctrina de la Fe".
Esta conducta, según el Obispado, "contradice el deber y el compromiso a la castidad de todo sacerdote católico y atenta contra la santidad del ministerio sacerdotal y la credibilidad del mismo". Igualmente, ha lamentado, "puede poner en entredicho, en muchos fieles, la fidelidad de la mayoría de nuestros sacerdotes".
Por otra parte, la Diócesis ha mostrado su "disposición total" hacia los tribunales de justicia en el esclarecimiento de los hechos, y a la vez ofrecerá al sacerdote imputado los medios necesarios para su "justa" defensa.
Así mismo, se explica en el comunicado que para evitar el "escándalo" de los fieles, a tenor del canon 1722 del Código de Derecho Canónico, el obispo diocesano, después de haber hablado con el interesado y con el Promotor de Justicia del Obispado, ha decretado la suspensión cautelar en todos sus cargos, así como en el ejercicio del orden sacerdotal.
"Pedimos a todos los fieles católicos y a las personas de buena voluntad que la conducta de un sacerdote no lleve a la desconfianza en todos los demás, que trabajan por ser fieles al Don que han recibido de Dios", ha añadido el Obispado.
El Obispado ha recordado que ayer recibió la noticia de la detención del sacerdote, quien, tras haber prestado declaración ante el juez, ha sido puesto en libertad provisional, con la obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.