Los obispos quieren reunirse con el Gobierno para "aclarar" qué bienes de la Iglesia están exentos de impuestos

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española quiere reunirse con el Gobierno para "aclarar" qué bienes de la Iglesia están exentos de impuestos y cuáles no, después de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que dictó que la exención fiscal del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) de que disfruta la Iglesia Católica en España puede ser una ayuda de Estado ilegal si las actividades ejercidas tienen naturaleza económica y después de que este lunes 16 de enero un juzgado madrileño obligara a pagar este impuesto a un colegio religioso, por ampliar sus instalaciones.

"Sin duda, lo que más conviene es clarificar la situación. La Conferencia Episcopal Española lo que quiere es clarificar la legislación porque a día de hoy tenemos una legislación española que va en una dirección y una sentencia del tribunal de Luxemburgo que va en otra dirección y lo que hay que hacer es aclararlo", ha señalado en declaraciones a Europa Press, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal.

Según ha indicado, cuando se conoció la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, desde la Conferencia Episcopal se pusieron "a disposición del Gobierno para buscar una solución", aunque ha precisado que aún no tienen fecha para la reunión. "Por parte de la Iglesia no hay ningún problema en sentarse a ver lo que corresponde y lo que no corresponde", ha matizado.

El problema es, según señala, que por un lado hay una sentencia del Tribunal de Luxemburgo "en una dirección" --la cual dicta que la exención de este impuesto puede ser, en determinados casos, una ayuda de Estado-- y, por otro, un ordenamiento jurídico español "que prevé la exención total" de este impuesto.

En concreto, Giménez Barriocanal se refiere a la exención "total y permanente en los impuestos reales" prevista en el Acuerdo entre la Iglesia y el Estado y a una orden ministerial del año 2001 en la que se especifica que el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras es "un impuesto real" y que, por lo tanto, "la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, diócesis, parroquias y otras circunscripciones territoriales, las órdenes y congregaciones religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas, disfrutan de exención total y permanente" del mismo.

"Hay una orden ministerial de 2001 ratificada por el Tribunal Supremo en 2014 que así lo dice", ha puntualizado, al tiempo que ha añadido que, si a partir de este punto, una sentencia del Alto Tribunal Europeo dice lo contrario, habrá que clarificarlo.

DEL MINISTERIO DE HACIENDA A LA SANTA SEDE

Por ello, los obispos quieren que "se aclare la situación" y que exista "seguridad jurídica", es decir, saber a qué atenerse y conocer con claridad cuándo pueden o no pedir la exención. Para determinar esto, ha indicado que habrá que mantener un diálogo con el Ministerio de Hacienda y, si hay que modificar algún término de las exenciones, el diálogo tendrá que establecerse al nivel de la Santa Sede.

"El Gobierno tendrá que buscar una solución para, en el caso de aquellos bienes en los que se realicen actividades económicas, saber qué es lo que tiene que hacer, porque está obligado por un lado a conceder la exención y, por otro, la UE dice que eso puede ser ayuda de Estado", subraya el vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE.

Por parte de la Iglesia, según ha afirmado, el Ejecutivo "va a encontrar total colaboración" para "compatibilizar los Acuerdos Iglesia-Estado, la legislación española y lo que marca el Tribunal de Luxemburgo" y para que el Gobierno no tenga problemas con la UE.

"Nosotros no queremos tener ningún tipo de privilegio, queremos que se estudie a fondo lo que ha marcado Luxemburgo y que se busque cómo se adapta la legislación española a lo que marca Bruselas, y si ahora dice que lo que está en un acuerdo hay que cambiarlo, modifíquese", ha agregado.

ESTUDIAN SI RECURRIR ANTE EL SUPREMO

Por otro lado, Giménez Barriocanal ha señalado que están estudiando si procede recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Juzgado madrileño que obliga a pagar el ICIO al colegio religioso La Inmaculada de los Escolapios, en Getafe.

"Cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo y nosotros estamos estudiando si procede recurrir la sentencia. Es posible que proceda recurrirla", ha precisado Giménez Barriocanal. Ahora, deberá reunir al Consejo Asesor Fiscal para estudiar la sentencia y analizar qué es lo que procede. En todo caso, ha puntualizado que en todo este proceso irán "muy de la mano" de los Escolapios.

Así se ha pronunciado después de que este lunes 15 de enero se conociera la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid que ha dictado que el colegio religioso debe pagar los 23.730,41 euros al Ayuntamiento de Getafe en concepto de este impuesto.

Esta sentencia llega seis meses después de que el Tribunal Europeo de Justicia (TUE), en respuesta a una consulta elevada por el propio Juzgado madrileño, dictara que la exención fiscal de este impuesto de que disfruta la Iglesia Católica en España puede ser una ayuda de Estado ilegal si las actividades ejercidas tienen naturaleza económica, un aspecto que, según señalaba, debe determinar el juez nacional.

Sobre la posibilidad de que, a raíz de esta sentencia fruto del litigio entre los Escolapios y el Ayuntamiento de Getafe, haya otros consistorios que también reclamen el pago del ICIO a determinados bienes de la Iglesia en los que se realicen actividades económicas, Giménez Barriocanal ha reconocido que habrá ayuntamientos que lo harán y recomienda "cautela" a los ecónomos.