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MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La crisis económica ha provocado, por un lado, que el número de casas vacías en España haya aumentado casi un 11 por ciento entre 2001 y 2011, último año para el que hay datos del censo y, por otro, que muchas familias, debido a las dificultades económicas que atraviesan, se planteen la 'okupación' de esos inmuebles.
Es el caso de los vecinos de la corrala Utopía, en Sevilla, desalojados este domingo y cuya situación ha provocado que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, haya retirado provisionalmente a IU las competencias relativas a la adjudicación de viviendas del parque público.
El PSOE defiende que dar casas de protección oficial a estos vecinos supondría discriminar a los más de 12.000 personas que están en una lista de espera para lograrlo, mientras que IU ha defendido su realojo en viviendas sociales.
En su página web, los vecinos de la corrala Utopía, alrededor de 22 familias, defienden que son "un grupo de personas" con "una urgente necesidad de vivienda". "La crisis económica, como a otras muchas personas, nos ha machacado. Somos personas trabajadoras, humildes, que hemos visto cómo perdíamos nuestro puesto de trabajo. Hemos acudido a las instituciones en busca de ayuda y soluciones, sin haber obtenido absolutamente nada", señalan.
Este argumento, que les llevó a ocupar el edificio, propiedad de Ibercaja, es el mismo que se repite en muchos otras páginas web gestionadas desde inmuebles 'okupas' en España. La crisis económica, al haber deteriorado la situación económica de muchas familias y haber vaciado multitud de edificios, ha impulsado este movimiento.
En 2011, según el último censo, había en España alrededor de 3,4 millones de viviendas vacías, un 10,8 por ciento más que en 2001. En este mapa interactivo puedes ver cuántas viviendas vacías hay en cada provincia. Cuanto más oscuro es el color rojos, más viviendas vacías.
Más difícil es saber el número de casas de protección oficial que están desocupadas. De acuerdo a un informe de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, del año pasado, en España hay más de 250.000 viviendas con algún tipo de protección pública, sin contar con las que gestionan los ayuntamientos o las empresas públicas municipales.
De ellas, aproximadamente 13.504 viviendas están vacías y, según la Defensora del Pueblo, aproximadamente 9.700 pueden considerarse disponibles. Entre las causas por las que estas casas de protección oficial están vacías: dificultades económicas de la persona a la que ha sido adjudicada, el mal estado de la vivienda o fallos en el papeleo, como por ejemplo el desconocimiento de que el titular ha fallecido o se ha mudado.
Además, en algunas provincias ocurre que el precio de la vivienda libre ha bajado tanto que ya es inferior a las de las viviendas protegidas, según advierte la Defensora, que ha reivindicado en varias ocasiones que se flexibilicen las fórmulas de cesión de estas viviendas para que puedan ser alojadas en ellas familias que hayan sido desahuciadas.
MOVIMIENTO 'OKUPA' EN ESPAÑA
Esa sería una forma legal de dar salida a las viviendas de protección oficial vacías. Otra cosa distinta es el movimiento 'okupa', que implica la ocupación ilegal de viviendas vacías o el uso de solares sin uso para actividades socioculturales y que no tiene cobertura legal en España.
El movimiento ocupa surgió, como tal y con distintos nombres, en distintos países en las décadas de los años 60 y 70, coincidiendo con la migración de muchas personas de zonas rurales a las ciudades, aunque la ocupación de inmuebles vacíos ha existido siempre.
Además de su vertiente social, el movimiento 'okupa' suele tener un cariz político, al reivindicar la ocupación de casas vacías como una manera de reivindicar el derecho de toda persona a una vivienda digna.
La dureza con la que se aplican las leyes a los 'okupas' varía de un país a otro. Holanda, que históricamente había sido un país muy permisivo con esta práctica, acabó en 2009 con esta tradición prohibiendo por ley a cualquier grupo a instalarse sin permiso y con violencia en un edificio abandonado, con penas de hasta casi tres años de cárcel.
En España, el artículo 245 del Código Penal de 1995 establece penas de multa de tres a seis meses para que "el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular".
Aunque hay casos en los que los 'okupas' están perfectamente integrados en el vecindario, la convivencia de estos 'okupas' con los vecinos del barrio no siempre son fáciles. En junio del año pasado, un incendio provocó importantes daños materiales en una casa habitada por 'okupas' y en un trastero de un edificio anexo en el barrio valenciano de El Cabanyal.
Entonces, la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar denunció que las casas vacías, abandonadas o tapiadas inicialmente, de propiedad pública o privada, pero "que acaban siendo ocupadas ilegalmente por grupos de familias desfavorecidas, normalmente con abundantes niños, son un autentico polvorín, para los propios ocupantes y para los vecinos de las casas próximas".