ONG ecologistas respetan pero discrepan de la Abogacía en su demanda contra el Estado por inacción climática

   MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

    Las organizaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón han mostrado su respeto a la Abogacía del Estado y a todos los procesos judiciales pero discrepan del escrito de conclusiones que la Abogacía ha remitido a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, a la que pide que desestime la demanda de los ecologistas contra el Estado, al que acusan de inacción climática.

   El informe de conclusiones al que ha tenido acceso Europa Press ha sido remitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que deberá poner fecha para la deliberación y fallo sobre el recurso. El escrito afirma tajante que "ninguno" de los informes presentados por los demandantes "tiene el valor probatorio que se les atribuye" y apuesta por que el alto Tribunal desestime la denuncia de las tres ONG.

   Sin embargo, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de Clima de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz discrepa de los argumentos del Estado cuando habla de la falta de bases científicas porque, en su opinión "ignora la cantidad de referencia bibliográfica y científica" de múltiples organismos, entre ellos el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU y desprecia la aportación y conocimiento de los expertos que han participado en la elaboración de la demanda.

   Estos científico son el catedrático emérito de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, José María Baldasano, y la doctora ingeniera agrónoma y titular de la Universidad Politécnica de Madrid Margarita Ruiz Ramos. Pero la Abogacía en su escrito concluye que "ninguno de sus informes tiene el valor que se les atribuye".

   Por el contrario, Andaluz ha reivindicado la validez, conocimiento y experiencia de estos dos ponentes más allá de los conocimientos de la letrada de la Abogacía en materia de cambio climático.

   Asimismo, considera que la Abogacía "comete un tremendo error" al entender que las ONG tratan de "estandarizar" la lucha climática porque eso es "desoír las recomendaciones de la comunidad internacional". "Nuestra reclamación va dirigida a que si queremos una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 7,6 por ciento anual, la aportación de España tiene que ser más y más fuerte que el 23 por ciento de reducción respecto a 1990 planteado", explica Andaluz que justifica que las ONG quieren "mucho más" en la acción climática.

   En definitiva, ahora espera que más allá del escrito de la Abogacía, el Supremo escuche su demanda y se alinee con lo que está ocurriendo en el panorama climático internacional.

   "El 23% no está en línea de los objetivos de la UE, que por otro lado, tampoco son suficientes. Las propias normativas e incluso la propia normativa española ya reconoce que no es suficiente. Esperamos que falle a nuestro favor", ha concluido.

   En la misma línea, la abogada de las tres ONG en el proceso y letrada de Greenpeace, Lorena Ruiz-Huerta, ha calificado de "lamentable" el escrito de la Abogacía ante la "apabullante evidencia científica" aportada por las organizaciones demandantes sobre el cambio climático y sus efectos devastadores en España.

   "La Abogacía del Estado, que en lugar de defender el interés general, ha hecho todo un esfuerzo por tratar de desmontar nuestros argumentos", ha manifestado la letrada que asegura que, sin embargo, no ha logrado este propósito.

   Además, acusa al Gobierno de España de actuar de manera "cortoplacista" e "hipócrita" porque sabe "perfectamente" cual es la situación climática y por ello, no en vano declaró el estado de alarma al comenzar su andadura como Gobierno, pero ahora actúa en favor de los intereses del gran capital.

   Ruiz-Huerta considera que reducir el 23% las emisiones de CO2 en 2030 frente a 1990 deja "casi todo el esfuerzo para el final, como hacen los malos estudiantes", porque España se ha comprometido con la neutralidad climática en 2050.

   En este contexto, ha argumentado que las ONG han aportado multitud de informes que demuestran cómo está aumentando la movilidad, la mortalidad debido a las olas de calor que a los en pactos tremendos que tiene el cambio climático sobre la agricultura, sobre el turismo y sobre los sectores económicos estratégicos de España como consecuencia de los fenómenos climáticos extremos.

   "Es lamentable que la abogada del Estado anteponga la buena marcha de la economía a frenar va a mitigar el cambio climático porque cuanto más tardemos en actuar más caro. Le pagaremos tanto en dinero como en vidas humanas", advierte.

   El Tribunal Supremo de España no está solo en esta decisión que debe tomar. Son muchas los países en los que la Justicia está adoptando decisiones valientes. Holanda, Irlanda, Bélgica, Alemania y Francia son algunos de estos países.

   "Todos somos parte de la Unión Europea, que es un marco jurídico común. Y todos somos parte también del Consejo de Europa que está bajo la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo ha dejado muy claro: no combatir adecuadamente el cambio climático vulnera los derechos humanos de la ciudadanía", ha concluido.