Organizaciones de Iglesia denuncian que miles de personas viven en un "limbo" tras un año del Acuerdo UE-Turquía

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cáritas, la Confederación Española de Religiosos (CONFER), Justicia y Paz, y el Sector Social de la Compañía de Jesús denuncian que miles de personas permanecen en "un limbo jurídico", viviendo en "pésimas condiciones" en Turquía y en campos en las islas griegas, un año después del Acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, y piden que la defensa de los derechos humanos y de la paz rijan todas las políticas comunitarias y educación para que las sociedades sean favorables a la acogida.

"Aunque las autoridades europeas se felicitan por el buen funcionamiento del acuerdo, no es cierto: miles de personas permanecen en un limbo jurídico, como huéspedes temporales en Turquía y en campos en las islas griegas viviendo en pésimas condiciones", aseguran estas organizaciones en un comunicado conjunto.

A su juicio, este acuerdo genera "discriminación en base a la nacionalidad, ya que solo contempla el reasentamiento desde Turquía de personas sirias". Además, critican que, si bien el acuerdo califica a Turquía como tercer país seguro, hay "evidencias de la deteriorada calidad democrática del régimen" y de "la violación de los derechos humanos, tanto de los ciudadanos disidentes como de las personas migrantes y refugiadas".

Las organizaciones denuncian que este acuerdo responde a "una estrategia política europea en plena expansión dirigida a cerrar las fronteras" y a "aumentar sustancialmente las expulsiones desde Europa".

Por otro lado, consideran "sangrante" el acuerdo con Afganistán para la readmisión de todas las personas afganas que expulse la Unión Europea y apuntan que, actualmente, hay "negociaciones similares de control migratorio y readmisión a cambio de diversas contraprestaciones" por parte de la UE con Libia, Etiopía, Níger, Nigeria, Senegal, Malí y Túnez.

"La Unión Europea, lejos de habilitar vías legales y seguras, genera cuellos de botella para los cientos de miles de personas que vienen huyendo de la guerra, la persecución o quienes se ven forzados desplazarse por las consecuencias del deterioro medioambiental o la ausencia de oportunidades de vida en sus países", subrayan.

Ante esta situación, piden que la Unión Europea promueva un papel activo en la defensa de los derechos humanos y de la paz tanto por parte de la UE como de los estados miembros y que estos principios rijan todas las políticas comunitarias.

También reclaman a la UE que deje de externalizar las responsabilidades europeas de protección en manos de terceros países "pretendidamente seguros" y que no presenten el acuerdo UE-Turquía como resultado de una política que convertir en modelo de otros acuerdos similares.

Asimismo, proponen aumentar los fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la UE y de los estados miembros para promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en las zonas de origen de las migraciones forzadas; y aliviar la presión que soportan los países de origen, acogiendo a personas desplazadas internas, y los países vecinos, acogiendo a personas refugiadas.

Finalmente, instan a promover la "Educación para la Ciudadanía Global" como parte esencial de la política de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y de las políticas educativas, con el fin de promover sociedades favorables a la acogida.