La PDLI pide en el Congreso protección para quienes filtren información sobre casos de corrupción

Quieren que una ley de Ciudadanos, en trámite en la Cámara Baja, incluya esta medida tal y como recomienda el Parlamento Europeo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha pedido este lunes en el Congreso que se regule la protección a los filtradores de información y, más concretamente a aquellos que alertan de casos de corrupción, como sucedió en los conocidos como 'papeles de Panamá' o en los 'papeles del paraíso', hechos públicos este domingo.

Según ha explicado la secretaria general de la plataforma, Yolanda Quintana, el objetivo es que los informadores no sufran "represalias penales o cualquier otra acción posterior de sanción, cuando los hechos que denuncien sean de interés público".

Para hacer llegar esta petición, la PDLI ha registrado un escrito dirigido a los miembros de la Comisión Constitucional de la Cámara Baja, el órgano que está tramitando actualmente una proposición de ley de Ciudadanos sobre la protección del denunciante y que, sin embargo, deja fuera las filtraciones.

UNA LEY "MUY LIMITADA"

Quintana explica que, a su juicio, este texto debe recoger las recomendaciones de la resolución del Parlamento Europeo aprobada hace poco más de una semana "sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos".

En dicha resolución el Parlamento Europeo instaba a los Estados miembros, entre otras propuestas, a que "adopten todas las medidas necesarias para proteger la confidencialidad de las fuentes de información, a fin de evitar actuaciones discriminatorias o amenazas".

Por ello, consideran que la norma impulsada por la formación naranja es "muy limitada" y llaman a realizar cambios en el texto para "garantizar el anonimato del informante" y que pueda tener este estatus cualquier persona y no solo aquellas vinculadas a la Administración Pública.

Además, piden que las irregularidades de las que se alerten puedan
ser también del ámbito privado (empresas), y que la obtención de la información protegida incluya, con las cautelas necesarias, el acceso a sistemas o dispositivos.