La PDLI, preocupada por "el efecto que la sentencia de Valtonyc puede tener en la creación artística del mundo musical"

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Libertad de Información (PDLI) ha defendido el derecho a la libertad de expresión del rapero Josep Miquel Arenas, conocido como 'Valtonyc', condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por el contenido de las letras de sus canciones, y ha mostrado su preocupación por el efecto que esta sentencia pueda tener en la creación artística en España, especialmente, en la musical.

Así lo ha puesto de manifiesto este jueves 24 de mayo, en un desayuno informativo con los juristas especializados Joan Barata (experto en Derecho Internacional y exasesor de la OSCE sobre libertad de expresión), Carlos Sánchez Almeida (abogado especializado en Internet y redes sociales) y la presidenta de la organización, la periodista Virginia Pérez Alonso, para explicar la situación del rapero.

Según ha explicado Joan Barata, la organización no valora la moralidad del músico como personaje o el contenido de sus letras. "Nosotros juzgamos hechos o sentencias pero no podemos juzgar a Valtonyc como persona", ha precisado el jurista, que se ha mostrado preocupado por la libertad y por "el efecto que una determinada sentencia puede tener sobre la libertad".

En este sentido, ha advertido de que con este fallo el Tribunal Supremo está creando "un clima determinado, que va a afectar al ejercicio de la libertad de expresión por parte de los artistas" en España. "Lo que nos preocupa es el efecto que la sentencia puede tener en la creación artística del mundo musical", ha remachado.

A este respecto, el experto en Derecho Internacional ha recordado los artistas y grupos musicales que existían en el periodo de la Transición. "Se pueden encontrar letras que, en fin, hoy en día quizá tendrían problemas con la Justicia", ha destacado Barata.

El artista ha sido condenado por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas. Para Joan Barata y Carlos Sánchez Almeida, la decisión judicial es "errónea" porque, entre otras cuestiones, los personajes públicos (como el jefe del Estado o el presidente del Gobierno) "no pueden tener una protección mayor" que los ciudadanos.

Por otro lado, han explicado que para penalizar por enaltecimiento del terrorismo hay que demostrar que existe un nexo entre esto y la comisión de un delito de terrorismo, o que generó un riesgo real de que se produjera.

EL CASO DE WILLY TOLEDO

Por su parte, Virginia Pérez Alonso ha hablado de "momento crítico" ante la situación que están viviendo el rapero y el actor Willy Toledo, imputado por un delito de ofensas religiosas. Así, ha exigido "ni más ni menos" que España cumpla con el marco jurídico internacional en materia de Derechos Humanos y ha criticado que hay una "preocupación por el disidente" desde hace años, y que se están utilizando ciertas figuras jurídicas (delitos de odio, enaltecimiento del terrorismo, etc) para "perseguir" esa disidencia.

Respecto al delito de ofensa a los sentimientos religiosos, recogido en el artículo 524 del Código Penal, la PDLI ha aclarado que se considera, en el marco de acuerdos internacionales y jurisprudencia del TEDH, impropio no sólo de un estado aconfesional, sino también de un estado democrático que tiene en el pluralismo uno de sus valores fundamentales.

A juicio de Barata, los ciudadanos deben aceptar la existencia de otros discursos que puedan "atacar" sus convicciones, siendo el límite los delitos de odio. El jurista duda de que los católicos puedan estar "en peligro" en España porque son una mayoría en el país, y añade que el caso sería distinto en Egipto.

Sánchez Almeida ha indicado que, en el caso de Willy Toledo, tiene que haber una intencionalidad de causar daño a los creyentes, tiene que ser creíble". "Este señor lo que ha hecho es una salida del tiesto para llamar la atención, nada mas", ha recalcado, al tiempo que ha señalado que el Derecho Penal "no está para dar publicidad a nadie".

"No existe el derecho a sentirse ofendido", ha subrayado, para después añadir que más de 1.000 personas se han adherido al 'Manifiesto en defensa de la libertad de expresión y creación y el derecho a la protesta', entre ellos, el actor Juan Diego Botto, el humorista Facu Díaz, los cantantes César Strawberry y Sole Giménez, y las periodistas Olga Rodríguez y Cristina Fallarás.

Durante su intervención, Sánchez Almeida ha criticado las "leyes liberticidas" aprobadas en los últimos años, como la Ley de Seguridad Ciudadana, y las reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por esta razón, ha instado a los grupos parlamentarios a aprobar la reforma del Código Penal, en tramitación en el Congreso.

Finalmente, Sánchez Almeida ha indicado que en el futuro habrá más sentencias como la del caso de Valtonyc, y que "se va a perseguir lo que realmente es peligroso"; mientras que Pérez Alonso cree que los cambios legislativos han tenido una intención de "provocar autocensura".