El PSOE urge al Gobierno solucionar el problema con los examinadores y facilitar el fin de la huelga

   MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El PSOE ha exigido al Gobierno que solucione "de una vez" el problema con los examinadores de tráfico por sus condiciones laborales y facilite que la huelga que este colectivo mantiene desde el pasado mes de junio llegue a su fin.

   El portavoz socialista en materia de Seguridad Vial, Pablo Bellido, ha recordado que en 2015 los examinadores de la DGT y el Gobierno alcanzaron un acuerdo que, entre otras cosas, consistía en subir en 250 euros el complemento específico a este sector, lo que supondría una inversión anual por parte del Gobierno de unos 2,7 millones de euros. "Desde entonces, el Gobierno ha incumplido su palabra", ha denunciado el diputado.

   Esta inacción que denuncia Bellido, es la que, según ha explicado el colectivo, les ha abocado a iniciar una serie de paros. "Una huelga que el Gobierno ha ignorado", ha insistido el diputado del PSOE, quien ha advertido que esta situación está "arruinando a las autoescuelas y fastidiando a 140.000 aspirantes que no han podido presentarse".

   "Las autoescuelas siguen sufriendo la situación y los servicios mínimos estipulados por el Gobierno, aunque fueran legales, no van a resolver el problema", ha lamentado Bellido.

MENOS DE 3 MILLONES DE INVERSIÓN

   En concreto, el PSOE ha calculado que las autoescuelas han perdido unos 30 millones de euros por este problema, y el Estado ha dejado de recaudar unos 15 millones en derechos de examen. "Resolver el problema, pues, cuesta una cuarta parte de lo que ya le ha costado en ingresos por tasas al Estado", ha advertido el portavoz en esta materia.

   Del mismo modo, ha recordado que la DGT tiene un superávit de más de 200 millones de euros y, a pesar de ello, "no quiere invertir menos de tres en resolver este problema que arruina a las 30.000 familias que viven de este sector".

   Bellido, quien ha explicado que la última oferta del Gobierno, rechazada por los examinadores, supone algo menos del 50 por ciento de lo que les prometieron en 2015, ha exigido al Ejecutivo un esfuerzo para poner fin a esta situación.