MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Real Sociedad Canina pide unificar las dosis, plazos y periodicidad de la vacuna de la rabia en toda España y una ley estatal que contemple la subvención o ayudas indirectas para cubrir el coste de la vacunación y hacerla más asequible.
Así, ha explicado que en Castilla-La Mancha, Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla la primera vacunación se realiza con dos dosis con 21 días de diferencia, sumado al refuerzo anual obligatorio. Además, en las comunidades de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, País Vasco y ambos archipiélagos, sólo se pide una primera vacunación de una dosis entre los tres y cuatro meses de vida, que se refuerza de forma anual con una revacunación.
Por otro lado, en La Rioja y Navarra se cumple la misma obligación, pero con una vacuna de refuerzo cada dos años, en lugar de uno. Por último, Galicia y Cataluña son las dos únicas comunidades autónomas donde no es obligatorio vacunar a los perros contra la rabia, si bien Cataluña está en trámites para la entrada en vigor este mismo año de un decreto que la declare obligatoria.
A juicio de la organización, el hecho de que cada comunidad establezca tenga su propio reglamento en el que recoge sus propios requisitos, con una falta de plazos homologables y uniformidad, no favorece la erradicación de esta enfermedad. Así, recalca que una homologación y un consenso estatal que obligue a una primera vacunación temprana, acompañado de una periodicidad en la vacunación con refuerzos anuales o bianuales en función del perro, es la opción más viable, económica y segura desde el punto de vista médico.
Asimismo, la Real Sociedad Canina ha explicado que la armonización de la vacunación contra la rabia en toda España también proporcionará un marco actualizado, acorde a las exigencias de la Unión Europea (UE), tal y como se indica en el Reglamento 576/2013 y el Reglamento de Ejecución 2024/1130 de la legislación europea en el que la vacunación antirrábica es obligatoria en perros que sean desplazados a algún Estado miembro desde un territorio o un tercer país.
En palabras del presidente de la RSCE, José Miguel Doval, esta norma obstaculiza el tráfico ilegal de perros de raza, "una práctica ligada al mercado negro que pone en riesgo la salud de los canes y de las personas, además de elevar el riesgo de (la propagación de rabia)".