MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
Las religiones minoritarias en España no se beneficiarán, finalmente, en esta legislatura, de la equiparación fiscal acordada con el Gobierno, ya que al disolverse las Cortes Generales, todas las leyes en tramitación decaerán, entre ellas, la Ley de mecenazgo, a través de la cual se quería articular esta reforma.
Así lo acordó el Gobierno, el pasado 25 de abril, con la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y los Testigos de Jehová, es decir, las confesiones con notorio arraigo en España pero sin acuerdos con el Estado.
El objetivo era que estas religiones disfrutaran de los mismos beneficios fiscales que la Iglesia católica, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica, que sí tienen firmados acuerdos con el Estado; y las entidades sin ánimo de lucro, como las ONG o las fundaciones.
Para ello, el PSOE introdujo una enmienda a la Ley de Mecenazgo --que fue aprobada el pasado 26 de julio por el Congreso pero que debía pasar otra reválida en el Senado-- por la que se reconocía la exención del IBI para los bienes destinados al culto y sus dependencias o edificios y locales anejos destinados al culto, a la asistencia religiosa y a la residencia de ministros de culto; para los locales destinados a oficinas de las entidades religiosas y para los centros destinados solo a la formación de ministros de culto.
Asimismo, se incluía el reconocimiento de otras exenciones fiscales en impuestos estatales (impuesto de sociedades) y tributos locales (IAE y plusvalía, entre otros)
El acuerdo pretendía beneficiar a los 1,3 millones de fieles de estas religiones que residen en España: un millón de ortodoxos (la mitad, correspondientes al arzobispado rumano); 122.000 testigos de Jehová; 100.000 budistas y 61.400 mormones.
Desde el Gobierno pusieron de relieve que este era el tercer acuerdo que alcanzaban con las confesiones religiosas, después del referido a las inmatriculaciones de la Iglesia católica y otro por el cual la Iglesia católica renunció a la exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
El ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, valoró este acuerdo como "un importante avance en equidad que promueve el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la libertad religiosa". Por su parte, las confesiones religiosas minoritarias lo celebraron porque consideraban que se acababa con una situación de "discriminación".
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