SUP y UFP aseguran que la Policía aplicó la Ley y culpa a Marruecos de despreciar al Derecho Internacional

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP) aseguraron hoy que los agentes aplicaron la Ley en relación con la activista saharaui Aminetu Haidar y culparon al Gobierno de Marruecos de perpetrar "un acto de desprecio al Derecho Internacional". Agregaron que el "principal responsable" en este caso es el país vecino y criticaron que "hasta ahora" no se le ha exigido "que rectifique con suficiente firmeza por parte de los gobiernos democráticos".

Según los sindicatos, los hechos se resumen en que Marruecos rechazó la entrada de Haidar en el país tras interrogarla y retirarle el pasaporte, y la devolvió, 24 horas después, al avión que la había trasladado desde Las Palmas. El piloto contactó con el aeropuerto de Las Palmas, donde el policía de servicio trasladó la situación al inspector jefe de Fronteras que, en función de la Ley de Extranjería en vigor, interpretó que Haidar podía regresar a España. Tras ese momento, se puso en contacto con La Jefatura Superior de Policía de Canarias que certificó la legalidad de la entrada.

Tras la llegada de la activista a Lanzarote y que ésta informara a los policías de las circunstancias de su regreso, fue invitada a formular una denuncia, a la que se dió el trámite correspondiente y fue remitida a la autoridad judicial, según explicaron el SUP y el UFP en un comunicado conjunto. Añadieron que no les corresponde especular sobre qué hubiera pasado si el piloto decide no regresar a España con Haidar o si el policía de Fronteras hubiese interpretado que no podía entrar en el Estado español, dejándola, por otro lado, "en un limbo jurídico que no es compatible con la legislación internacional"

Manifestaron que no les consta "ninguna presión ni intervención ajena a los criterios estrictamente profesionales" pero que, en el caso que se hubiesen producido, por tratarse de una materia de Derecho Internacional, sería el Gobierno de España el que, a través del Ministerio de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quien estaría legitimado para ello. También aclaró que la Policía tendría la obligación de cumplir las órdenes sin que les corresponda a ellos "entrar a valorar si suponen un acierto o un error político, o un acto de firmeza o servidumbre ante cualquier otro gobierno"