Turisme CV abre un segundo expediente a Airbnb, cuya sanción podría alcanzar los 600.000 euros

VALENCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Turisme ha abierto un segundo expediente sancionador a Airbnb por permitir que se publiciten y comercialicen en su plataforma alojamientos que no aportan su número de registro como vivienda turística de la Comunitat Valenciana. Esta infracción podría acarrearle una multa de hasta 600.000 euros.

Es la segunda vez que la administración valenciana se enfrenta Airbnb. Ya el pasado mes de abril la multinacional tuvo que pagar una sanción de 30.000 euros por infringir la Ley 31/1998 de Turismo, por publicitar alojamientos turísticos sin el número de registro, un dato que demuestra que las viviendas están regularizadas y que cumplen con sus obligaciones como alojamiento turístico.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Valencia desestimó, en abril, el recurso que interpuso Airbnb para no pagar este importe económico, y aunque ya lo ha abonado, ha vuelto a recurrir, en esta ocasión, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), han explicado desde Turisme.

Ahora, con la entrada en vigor la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana y este nuevo expediente, la compañía se enfrenta a una sanción que podría ser muy superior, ya que la nueva normativa contempla multas que van desde los 10.000 euros hasta los 600.000 euros.

En todo caso, todavía está dentro del plazo de los 60 días que la Generalitat concede para corregir la infracción antes de reclamar el importe económico de la sanción.

"NO PUEDE LAVARSE LAS MANOS"

Al respecto, el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha señalado que "tarde o temprano" Airbnb tendrá que "cambiar de actitud y entender que las normas están para cumplirse" y que "la economía colaborativa no está reñida con la legalidad".

Según Colomer, la compañía "no puede lavarse las manos" alegando que es un mero "intermediario cibernético entre clientes y huéspedes".

Hasta la fecha, Turisme cuenta ya con cuatro sentencias favorables en esta materia. Además del caso de Airbnb, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valencia se pronunció también en noviembre de 2017 a favor de la Generalitat y rechazó el recurso presentado por Homeaway, sentencia que se repitió hace más de un año ante el recurso interpuesto por Rentalia, y el pasado mes de marzo por la plataforma Windu.