Hoteleros denuncian falta de comunicación y transparencia del Gobierno ante el malestar del sector por el nuevo registro

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha denunciado en un comunicado "la falta de comunicación y transparencia" por parte del Gobierno ante las preocupaciones del sector y los derechos de los viajeros sobre el Real Decreto 933/2021 de registro documental de reservas.

Así, la patronal ha criticado que, pese a las "reiteradas" solicitudes de diálogo y a las cartas enviadas tanto por la patronal como por asociaciones turísticas europeas, el Ejecutivo no ha dado respuesta.

Esta reacción del sector hotelero se une también a la de la industria de agencias de viajes, que también denunciaron recientemente falta de respuesta y exigieron aclaraciones al Ejecutivo, ya que las constantes peticiones de reunión fueron "completamente ignoradas".

En este sentido, el único encuentro mantenido con el Ministerio del Interior tuvo lugar el pasado 4 de octubre y, desde entonces, la Confederación ha afirmado que "no se ha producido ningún avance" y que "ni siquiera contestan a sus frustrados intentos de reuniones de trabajo".

Además, los hoteleros han denunciado que el Gobierno prometió emitir una orden ministerial para aclarar los detalles de la aplicación de esta normativa, pero a día de hoy no se han publicado dichas aclaraciones. "Esto, por tanto, genera mayor desconcierto entre los hoteleros y los viajeros", ha añadido la patronal.

Por todo ello, Cehat ha insistido nuevamente en la necesidad de una revisión "profunda" del contenido del Real Decreto y pide al Gobierno que escuche a las voces del sector y a los turistas que "confían en España".

"Este Real Decreto atenta contra los derechos fundamentales de privacidad y es contrario a varias directivas comunitarias, por lo que Cehat manifiesta la imposibilidad de cumplirlo por el riesgo al que exponen a los establecimientos de ser foco de denuncias de los viajeros", han señalado los hoteleros, alegando que su aplicación implica una "desproporcionada" carga burocrática.